Vox propone suprimir la presunción de laboralidad de la ley ‘rider’ y volver a penalizar a piquetes violentos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Vox ha registrado una proposición de ley en materia laboral para recuperar las penas de prisión para los piquetes violentos en huelgas, suprimir la presunción de laboralidad impuesta por la ley ‘rider’ y eliminar los planes de igualdad en las empresas.

Las propuestas del grupo se enmarcan en una ofensiva parlamentaria de Vox para derogar la que consideran “nefasta acción legislativa” del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, la formación liderada por Santiago Abascal dice apuntar “a los derechos constitucionales” de los trabajadores, que en su opinión “están siendo vulnerados” por el Ejecutivo.

En este sentido, Vox rechaza la despenalización de los piquetes introducida con la ley orgánica 5/2021, porque, dicen, impiden a los trabajadores ejercer su derecho a trabajar y “arremete contra las imposiciones ideológicas en las empresas”.

El grupo critica que se despenalice la actividad de quienes, durante las jornadas de huelga, se organizan en grupos e impiden el derecho a trabajo de aquellos ciudadanos que libremente deciden acudir a cumplir sus obligaciones laborales.

A juicio de Vox, es “inadmisible” que en un Estado de Derecho se “instrumentalice el derecho de huelga con fines ilícitos como la alteración del orden público o el impedimento del libre ejercicio del derecho al trabajo”.

ACABAR CON LOS PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS

La segunda de las medidas planteadas por Vox está relacionada con la conocida como ‘Ley riders’. Así, Vox señala que esta norma establece una “presunción de laboralidad” que, según su parecer, implica imponer “barreras al mercado laboral de los repartidores”, pues afecta tanto a su propia organización como a su remuneración, tal como han manifestado los profesionales del sector, que denuncian una aplicación del régimen jurídico indeseada.

Como tercera medida, el partido liderado por Santiago Abascal propone la eliminación de los planes de igualdad en las empresas, a los que califica como “instrumentos políticos ineficaces y discriminatorios”.