Unidas Podemos suma a Bildu, Más País, CUP y Compromís para hacer frente común por la reforma fiscal sin PSOE

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha pactado con EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís una batería de propuestas para la próxima reforma fiscal, una iniciativa que se someterá a votación este jueves en el Pleno del Congreso y que no cuenta con el apoyo del PSOE, que prefiere esperar al informe del comité de expertos del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la formación morada que gobierna con el PSOE ha pactado con los socios de investidura a partir de la proposición no de ley que defendió el pasado martes en el Pleno de la Cámara Baja.

En todo caso, todo apunta a que el Congreso rechazará estas propuestas, ya que, al no contar con apoyo del PSOE, serán derrotadas por el PP, Vox y Ciudadanos, que han avanzado su voto en contra.

El texto acordado toma de base las propuestas planteadas por Unidas Podemos, con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, un recargo temporal a las grandes eléctricas en el Impuesto sobre Sociedades, nuevos tramos en el IRPF a partir de rentas superiores a los 120.000 euros y rebajas fiscales para pymes, y el IVA aplicado a productos de higiene femenina, servicios veterianarios y peluquerías.

Sin embargo, a raíz del acuerdo con el resto de fuerzas se contempla que la recaudación y gestión del nuevo impuesto sobre grandes fortunas sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

Asimismo, contempla la propuesta de Bildu de crear de un impuesto temporal a la banca, mediante un recargo del 7% sobre los beneficios a las entidades financieras que adeuden parte del rescate bancario y que cuenten con beneficios netos superiores a los 100 millones de euros.

Otra propuesta de Bildu aceptada es avanzar hacia una base única en el IRPF que iguale el tratamiento de las rentas del ahorro a las otras rentas, mientras que también se incluye la propuesta Unidas Podemos, Más País-Equo y Compromís que recuerda la obligación legal de dictar una normativa para aproximar a la media europea la ratio de personal en las administraciones tributarias.