Unespa pide revisar la Ley de Contrato de Seguro para adaptarla a las nuevas formas de contratación

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha pedido este martes que se “eche un vistazo” a la Ley de Contrato del Seguro para adaptarla a las nuevas formas de contratación, si bien ha reconocido que se trata de una normativa “buenísima”, según ha trasladado en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

La comisión acoge este martes diversas comparecencias de expertos y presidentes de asociaciones y organismos del sector financiero, así como del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, en relación con el proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

Actualmente, este proyecto se encuentra en trámite parlamentario después de que el Consejo de Ministros aprobase el texto el pasado mes de junio. Entre sus novedades, se incluye la ampliación del mandato en la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar en el cargo.

En junio, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicaba que uno de los objetivos de la reforma de la ley del mercado de valores de 2015 consiste en mejorar la competitividad y eficiencia de los mercados de valores en España, con una atención especial a la financiación de las pymes, para que puedan contribuir a financiar el crecimiento económico y situarse entre los más “atractivos y avanzados” en el entorno europeo.

Preguntada por las implicaciones de este proyecto para el sector asegurador, González de Frutos ha aclarado que esta actividad tiene “su propio y específico marco regulatorio”, que está constituido por la regulación de solvencia y por la Ley de Contrato de Seguro, que data de 1980.

Es esta ley la que ha pedido modificar, al pedir que se le “eche un vistazo” con el objetivo de adaptarla a las nuevas formas de contratación actuales. “La ley es buenísima, pero probablemente no está tan adaptada a nuestra realidad del tráfico mercantil”, ha afirmado.

Más allá de eso, González de Frutos ha insistido ante las preguntas de los diputados por el papel del sector asegurador en el proyecto de ley, que “es normal” que esta reforma del mercado de valores no tenga disposiciones que se refieran a la materia aseguradora de manera específica. “Lo contrario resulta un tanto exótico”, ha señalado.

Sin embargo, durante su discurso, la presidenta de Unespa ha resaltado el papel como inversor del sector, cuya inversión es “finalista y a largo plazo” y ha indicado que cinco de cada diez euros que invierte el seguro español se destinan a activos a diez años “o más”. “Nosotros no estamos por la especulación, sino por la permanencia”, ha ahondado.

Además, ha apuntado que las aseguradoras españolas cuentan con 150.000 millones de euros colocados en deuda pública, de los cuales 120.000 millones son deuda pública española, incluyendo deuda de la Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones.

Otra de las cuestiones sobre las que ha incidido González de Frutos es la inversión sostenible o en cuestiones ASG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno). En este sentido, ha insistido en la petición de una taxonomía europea que “aúne la exigencia de una clasificación sólida con la flexibilidad necesaria para que existan emisores”.

SUPERVISOR “AUTÓNOMO” Y FINANCIADO “INDEPENDIENTEMENTE”

Por otro lado, González de Frutos ha trasladado a los diputados su petición de que el sector asegurador tenga un supervisor “autónomo”, que no dependa de ningún ministerio, y que esté financiado “independientemente”.

Actualmente, el sector es supervisado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, mientras que el Banco de España o la CNMV actúan de forma independiente.

González de Frutos ha sostenido que actualmente en España “se gastan 27 euros en supervisar la actividad aseguradora por cada 100.000 euros de primas”, una proporción que al sector “no le parece razonable”. Sin embargo, ha afirmado acudir al Congreso no para solicitar un incremento del gasto público, sino “para reducirlo”, puesto que las autoridades supervisoras de las empresas del sector de otros países europeos “se financian de las propias primas”.

Sería esta la fuente de financiación que dotaría de autonomía a este supervisor, según González de Frutos, y que permitiría tener los medios que el sector necesita para abordar “muchas laborales muy complejas”, como la autorización y revisión de modelos internos de solvencia o la supervisión de la política de ciberseguridad de las entidades.