Un juzgado condena a la empresa de reparto de Amazon en Cantabria por vulnerar la libertad sindical

Deberá indemnizar a USO con 6.250 euros y dar información sobre acuerdos con otra empresa

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Social número 1 de Santander ha condenado a la empresa de reparto de productos de Amazon en Cantabria, AT Operalia, por vulneración del derecho a la libertad sindical al no haber facilitado al delegado de USO la información que le solicitaba sobre sus acuerdos con otra empresa subcontratada.

AT Operalia deberá indemnizar por ello con 6.250 euros a USO, así como entregar a la sección sindical en la empresa una copia completa de los contratos de prestación de servicios sucritos con la mercantil Areatrans.

Los servicios jurídicos de USO Cantabria, dirigidos por Eduardo Porcelli, interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales al no recibir esa información del acuerdo entre AT Operalia y Areatrans que, según el sindicato, supone una reducción de actividad y afecta la situación económica de la empresa, la evolución de la actividad y el empleo.

El juez ha estimado la demanda parcialmente, ya que USO reclamaba una indemnización por daños morales de 7.500 euros para el delegado sindical y de otros 7.500 euros para el sindicato.

Según la sentencia, dada a conocer por USO y contra la que cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha quedado acreditado que el delegado sindical solicitó hasta en tres ocasiones la información y que la empresa “negó su derecho de información de forma continuada en el tiempo, de manera que no se trata de un hecho puntual, sino de una continuada actuación que vulneró su derecho fundamental de libertad sindical” en su vertiente de información.

Estos hechos han sido catalogados por el ponente como “falta grave”, por lo que ha condenado a la empresa en el grado máximo de la infracción.

USO ha denunciado en un comunicado que la empresa de reparto de Amazon en Cantabria “colecciona un cúmulo de sentencias contrarias a sus intereses –más de 10 en los últimos dos años– y que tienen como denominador común la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores”.

Además, asegura que ha reducido plantilla debido a la nueva política de subcontratación, teniendo un número cercano a los 70 trabajadores en la actualidad.