UGT reclama que el precio de la vivienda se adecue a los ingresos medios de los hogares

Pide una reforma legislativa que incorpore el derecho a una vivienda digna como un derecho subjetivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El sindicato UGT urge a adecuar los precios de la vivienda a los ingresos medios de los hogares, fijando un umbral máximo del 25-30% en zonas tensionadas, a través de la nueva Ley Estatal de Vivienda, al tiempo que rechaza la política basada en deducciones y desgravaciones para el alquiler y defiende gravar fiscalmente las viviendas vacías.

“La falta de correlación entre los precios de las viviendas y de sus alquileres, que en el 2020 subieron un 7,4% y un 1,9%, respectivamente, según el INE y Servihabitat, con respecto a las rentas de los hogares españoles ha intensificado el drama social que supone la dificultad para acceder a un hogar”, ha advertido el sindicato a través de un comunicado.

UGT insiste en que este es un problema de carácter estructural en España y en que constituye “una violación del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”. En este sentido, el sindicato ha apuntado que España acumula “varias denuncias” de la ONU por este motivo y que, pese a esto y a que el escudo social en esta materia ha aumentado, durante el último año se llevaron a cabo 29.406 desahucios (tres cuartas partes por impago del alquiler).

Por tanto, el sindicato reclama que se ponga fin a la “carencia de políticas públicas en materia de vivienda”. Entre las propuestas de UGT, se encuentra una reforma legislativa que incorpore el derecho a una vivienda digna y adecuada como un auténtico derecho subjetivo que, además, se complemente con la garantía de acceso a unos suministros básicos para personas vulnerables.

También considera necesaria la construcción de grandes Parques Públicos de Viviendas Sociales, preferiblemente en alquiler y con carácter permanente no descalificable, y aboga por regular el mercado de las viviendas turísticas.

Además, plantea aumentar el gasto público en vivienda hasta el 1,5% del PIB, estableciendo objetivos cuantitativos consensuados con los agentes sociales y urge a abordar una estrategia de rehabilitación del parque público de viviendas con ayuda de los fondos europeos.