Pide al Gobierno que se posicione a favor de minimizar el impacto en empleo
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
UGT considera que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de CaixaBank para 8.291 personas hace inviable la voluntariedad, lo que les aboca a despidos forzosos.
“Esta no es la propuesta que esperaba la plantilla. Sencillamente, es una falta de respeto. La dirección pretende ‘hacer el agosto’ a costa de los trabajadores y las trabajadoras”, ha denunciado el sindicato en una nota remitida tras la reunión celebrada este martes.
Así, la representación laboral cree que la dirección del banco pretende ir mucho más allá de la simple eliminación de duplicidades, y lo que quiere es pagar la factura de la fusión y de la pandemia a costa de la plantilla y aprovecharse de un ERE por causas organizativas para recortar las condiciones laborales, con unas condiciones de salida “indignas y miserables”.
De este modo, ha subrayado que la cifra de excedentes planteada es “desproporcionada” y ha criticado que la forma en que pretenden canalizar las salidas rompe con las fórmulas de consenso utilizadas hasta la fecha.
Según UGT, el proceso de reestructuración debe hacerse bajo la premisa “fundamental y absoluta” del diálogo con la representación laboral, de la voluntariedad en la adscripción a las medidas extintivas y del respeto a las condiciones laborales de la plantilla.
LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
El sindicato entiende que en el contexto de crisis sanitaria y económica actual, un Gobierno no puede avalar el despido de tal cantidad de trabajadores y menos con los criterios pretendidos por la dirección de CaixaBank, expulsando del mercado laboral a personas con un horizonte lejano a su jubilación y con escasas posibilidades de reinserción laboral.
Esta situación se hace más complicada habida cuenta de que el sector financiero está en plena transformación y reconversión y que en la mayoría de los bancos se están llevando a cabo ajustes de personal y cierres de oficinas.
“La lucha y determinación llevada a cabo en estos años desde el Gobierno como desde organismos públicos obliga, aunque solo sea por coherencia y dada la participación en el capital social de la entidad (16,1% a través del FROB), a un posicionamiento a favor de minimizar el impacto en el empleo y la menor repercusión a las arcas públicas”, ha aseverado UGT.
