MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
UGT-FICA ha advertido de que el alto precio de la energía en España pone en riesgo la competitividad de las empresas del sector industrial electrointensivo, lo que supone un riesgo evidente de deslocalización hacia países en los que los costes de la energía sean más bajos y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.
Desde el sindicato han recordado que las empresas hiperelectrointensivas representan sectores industriales claves para España (metalurgia, siderurgia, químico, cementeras, gases industriales), que mantienen 100.000 puestos de trabajo directos y unos 200.000 indirectos. Para estas industrias, la energía supone entre el 20 y el 50% de los costes de producción, según recuerda UGT.
Paralelamente, la gran industria española pagó en septiembre la energía más cara de Europa (102,55 euros por megavatio/hora), más del doble de lo que paga Francia (43,83 euros), y Alemania, 69,19 euros.
“La competitividad de las empresas electrointensivas españolas se está viendo lastrada día a día por este diferencial con el resto de países de nuestro entorno, mientas las perspectivas del mercado para el próximo año auguran una media de 140 euros el megavatio hora”, lamentan desde el sindicato, que han afirmado que esta industria atraviesa un “momento crítico”, con serias dudas sobre su viabilidad futura.
Por ello, desde UGT han instado a la Unión Europea y a las distintas administraciones públicas españolas a adoptar “medidas urgentes a todos los niveles” para encauzar el rumbo de la competitividad hacia un escenario “duradero, compatible con el objetivo a largo plazo de lograr la neutralidad climática y acompañada de una transición justa”.
RECUPERAR LA DEMANDA DE INTERRUMPIBILIDAD
Entre las medidas planteadas se incluyen la modificación del sistema de marcación de precios, la recuperación del sistema de demanda de interrumpibilidad, introducir mejoras clave en el Estatuto Empresas Electrointensivo, ya que este no incidió en aspectos claves que significan una reducción real en el precio final (como los peajes), o fomentar la contratación a largo plazo con líneas de crédito públicas concretas que garanticen el acceso a la misma y compensaciones indirectas al dióxido de carbono.
“Cada día que pasa es un día más que perdemos en la carrera por conseguir que los responsables de las administraciones públicas adopten medidas tangibles tanto en materia de política industrial como en materia energética para garantizar una transición energética justa que aborde compensaciones a nuestra industria electrointensiva supeditadas a compromisos reales por parte de las empresas que aseguren el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales de los trabajadores”, avisan desde el sindicato.
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