Sumar lleva al Congreso la jornada laboral de 37,5 horas en 2024 y pide continuar recortando hasta las 32

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario en 2024 y empezar, de forma simultánea, un proceso de diálogo social para continuar reduciendo las horas de trabajo hasta las 32.

Se trata de una medida que ya quedó recogida en el acuerdo de Gobierno con el PSOE y que el grupo plurinacional lleva ahora a la Cámara Baja para su debate con el resto de fuerzas políticas.

La diputada por Pontevedra de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha explicado en la presentación de la iniciativa que esta reducción se va a traducir en una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, una mejora en términos de salud, una menor exposición a riesgos y un reparto más igualitario de las tareas de cuidado.

Martínez Barbero también se ha referido al impacto que tendría esta reducción en la productividad. Si bien ha apuntado que Sumar está llevando a cabo un análisis al respecto y no hay datos definitivos, la iniciativa indica que mientras que la productividad aparente del trabajo aumentó un 15,3% real entre 1995 y 2022, la remuneración real por asalariado creció en torno a un 1,2%.

Esto ha supuesto que la remuneración haya perdido 4,2 puntos porcentuales en el reparto de la productividad y, por lo tanto, existe un margen “considerable” para reducir la jornada sin recortar salarios.

QUIEREN REFORMAR EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Con todo ello, el grupo plurinacional pide en el primer punto de la propuesta llevar a cabo la modificación del Estatuto de los Trabajadores, así como de todas aquellas disposiciones pertinentes, para el establecimiento, durante 2024, de una jornada ordinaria de trabajo efectivo con una duración máxima de 37 horas y media semanales, sin que ello conlleve en su aplicación reducción alguna del salario de las personas trabajadoras.

Pero en un segundo punto los de Yolanda Díaz instan a abrir, de forma simultánea, un proceso de diálogo social con el objetivo de continuar reduciendo la jornada ordinaria de trabajo efectivo máxima legal hasta alcanzar las 32 horas semanales de promedio en el cómputo anual.