MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Sumar ha denunciado la falta de transparencia y de pacto en algunos contratos hipotecarios y ha exigido al Gobierno intervenir para corregir algunas irregularidades como las amortizaciones no pactadas que las entidades financieras aplican unilateralmente en las hipotecas de los consumidores.
En concreto, han sido los diputados Félix Alonso y Carlos Martín quienes han registrado una batería de preguntas en el Congreso para saber la posición del Gobierno sobre el sistema ‘redito ad libitum’ (Redal) en los contratos hipotecarios, mediante el cual, según apuntan, los bancos podrían estar ocultando al consumidor la carga económica y sus obligaciones financieras.
Los diputados explican que en un contrato hipotecario definido de forma correcta deben establecerse dos acuerdos, uno por los intereses que el cliente pagará mensualmente por el dinero prestado por el banco y otro por la cantidad de capital que se amortizará cada mes para devolver el préstamo.
Estos acuerdos se suscriben mediante dos fórmulas matemáticas que hacen referencia a los intereses devengados, por un lado, y las cuotas, por otro. La suma de ambas se conoce como cuota mixta.
Según un informe de la Dirección General de Consumo del Govern balear, en los contratos en situación Redal, falta la fórmula o el pacto financiero que determina el importe de las nuevas cuotas cuando se cambia el tipo de interés del préstamo, entre otras irregularidades.
De este modo, en algunos contratos las fórmulas están mal puestas y el lenguaje técnico utilizado sólo es comprensible por profesionales con conocimiento de economía o matemática avanzada, algo que, a juicio de los diputados, “también es irregular”.
Alonso y Martín señalan que este tipo de contratos para la concesión de hipotecas era habitual hasta 2011, cuando el Ministerio de Economía publicó una Orden Ministerial para acabar con el problema. También aseguran que el Banco de España sabía de estos contratos desde el 2002.
ERRORES EN LAS FÓRMULAS
Desde Sumar entienden que estos contratos, que son validados después por notarios y otros fedatarios públicos, contienen “graves errores, cláusulas abusivas, falta de transparencia financiera y otro tipo de irregularidades”, por lo que se podría recurrir a la Justicia para recurrirlos e incluso evitar el desahucio en una situación de impago de la cuota.
Con todo ello, Sumar quiere saber cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto tomar en estas situaciones y si se prevén cambios en la legislación para mejorar la protección de los consumidores.
También preguntan los diputados cómo planea el Ejecutivo afrontar los casos en que los consumidores se enfrentan a una quiebra debido a la imposición unilateral de una de estas amortizaciones y cuáles son las medidas de apoyo financiero que se pueden ofrecer.
En última instancia, el grupo plurinacional sugiere recursos y programas educativos para ayudar a los consumidores a comprender mejor los términos financieros de los contratos hipotecarios y a tomar decisiones informadas antes de firmar un préstamo hipotecario.
