MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos CCOO, UGT y la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) han denunciado conjuntamente que el Gobierno está incumpliendo los plazos de ley para la entrada en vigor del fondo de compensación para las víctimas del amianto y que el Ejecutivo quiere otorgar indemnizaciones económicas inferiores a las que perciben otros colectivos en similares circunstancias.
De esta manera, a través de un comunicado, sindicatos y víctimas del amianto han explicado que el Gobierno sigue sin aprobar un reglamento para regular cuestiones “cruciales” para los afectados, excediendo del plazo de 90 días que fijaba la ley para la creación de dicho reglamento tras ser aprobada por el Senado en octubre de 2022.
Asimismo, han denunciado que el Gobierno ha elaborado un proyecto de Reglamento suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que “contradice” el espíritu de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, ya que, entre otras cosas, otorga unas indemnizaciones económicas “muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales”.
“Las cantidades propuestas en el proyecto son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la talidomida”, han lamentado desde CCOO, UGT y Fedavica.
Asimismo, han criticado que las personas afectadas por el amianto tendrán que tributar en el IRPF por las indemnizaciones, lo que, a su juicio, supone “profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría”.
También han tildado de “inaceptable” que dicho proyecto de reglamento no tenga en cuenta a los familiares de las víctimas fallecidas en los últimos años, ya que estas no tendrían derecho a las citadas indemnizaciones.
En el seno de Fedavica, UGT y CCOO han mostrado “indignación” por estos hechos y han pedido al Gobierno en funciones que apruebe el Reglamento del Fondo de Compensación “sin más dilaciones”, respetando el espíritu de la ley y sin convertir a las personas afectadas por el amianto en “víctimas de segunda categoría”.
