Sabadell cifra en un 55% el cierre de oficinas por la huelga, mientras los sindicatos lo elevan al 85%

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Un 55% de las oficinas de Banco Sabadell habría permanecido cerrado en la huelga convocada este miércoles por los sindicatos en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección de la entidad y que contempla 1.730 salidas, según los cálculos realizados por el propio banco.

Además, un 47% de la plantilla de la red de sucursales la habría secundado, mientras que el porcentaje entre los empleados de los servicios centrales sería de un 11%. De media, un 40% de la plantilla de Sabadell se habría sumado a la jornada de huelga.

Sin embargo, los sindicatos cifran el cierre de oficinas en el 85%, a falta de conocer el porcentaje de trabajadores por la dificultad que plantea el teletrabajo.

La huelga de hoy ha estado convocada en A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Castellón, Ibiza, Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, San Sebastián, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Además, hay convocada otra jornada de huelga para este viernes, 8 de octubre, en Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Castellón, Gijón, Ibiza, León, Madrid, Murcia, Pamplona, Sabadell, San Sebastián, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

PROPUESTA DEL BANCO

En su última propuesta, Banco Sabadell rebajaba en 206 las salidas contempladas en el ERE planteado, pasando de 1.936 a 1.730 afectados. En concreto, 1.450 salidas se producirían en la red de oficinas, de ellas, 1.025 serían puestos administrativos y 425, gestores, 35 en las direcciones territoriales y 245 en servicios centrales.

Además, el banco mejoraba algunas de sus propuestas, al incluir en los colectivos que puedan adherirse a las medidas a todo el personal comercial de la entidad, al tiempo que se mostraba favorable a incluir un cupo máximo de 50 personas, si fuera necesario en algún territorio, de personas de entre 50 y 55 años.

La dirección de Sabadell también mejoraba su propuesta de prejubilaciones para aquellos trabajadores con, al menos, 15 años de antigüedad. El colectivo de trabajadores mayores de 58 años, y hasta los 62 años, contaría con una prejubilación del 57% del salario anual –frente al 55% propuesto anteriormente por la entidad–, mientras que los empleados que se prejubilen con entre 56 y 57 años tendrán una prejubilación del 55% del salario –frente al 50% anterior–, con un tope de 270.000 euros y descontando paro y subsidios que se pudieran solicitar.

Para los menores de 50 años y mayores de 56 años con menos de 15 años de antigüedad, ha propuesto bajas incentivadas de 30 días de salario, hasta un máximo de 20 mensualidades, a lo que se sumaría 2.000 euros por trienio completo. Anteriormente, la entidad contemplaba una indemnización de 27 días por año trabajado, hasta un máximo de 18 mensualidades.

Por último, la entidad aceptaba la movilidad funcional. En concreto, ante la salida permitida de gestores especializados, podrán promocionar gestores básicos o administrativos.

Durante la negociación, el banco ha trasladado a los sindicatos su intención de llegar al mejor acuerdo tanto para los trabajadores como para la propìa entidad y ha insistido en su intención de aplicar el criterio de voluntariedad para realizar las salidas que se acuerden.

Además, ha recalcado a la representación sindical que este ere es una necesidad para que el banco pueda seguir siendo competitivo, así como para garantizar su sostenibilidad.

RECHAZO DE LOS SINDICATOS

En la reunión celebrada el martes pasado, sin embargo, la representación legal de los trabajadores, incluyendo a los sindicatos CCOO y UGT, seguía reclamando a la dirección de Banco Sabadell que aplicase la voluntariedad en el ERE.

Además, CCOO continuaba insistiendo en reducir el número de afectados en el proceso, mientras que la plataforma sindical en la que se incluye a UGT señalaba que la propuesta por escrito que Sabadell hizo llegar a los sinidatos plantearían “condiciones inaceptables” sobre forzosidad y movilidad geográfica que “suponen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, algo que de partida el banco no había reconocido, incluso negándolo en intervenciones a lo largo de las sesiones pasadas y que ahora pone encima de la mesa”.