Ribera y Calviño piden a Bruselas herramientas “nuevas y poderosas” para combatir los precios energéticos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno español, Nadia Calviño y Teresa Ribera, respectivamente, han llamado a la Comisión Europea a adoptar herramientas “nuevas y poderosas” para hacer frente a los “extraordinariamente altos” precios de la electricidad ante un escenario que se prolongará “más tiempo de lo esperado hace unos meses”.

En una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la ministra de Transición Ecológica consideran que las medidas adoptadas hasta ahora, enfocadas en el respaldo a los hogares y a empresas más vulnerables, “no son sostenibles en el tiempo”.

Además, las dos vicepresidentas advierten de que dichas medidas representan “un coste muy elevado” y quedan en manos de la “capacidad presupuestaria” de cada país miembro, “lo que corre el riesgo de dañar el mercado único europeo y distorsionar la competencia”.

La carta ha sido remitida al vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans; a la vicepresidenta responsable de la cartera de Competencia, Margrethe Vestager; a la comisaria de Energía, Kadri Simson, y al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, con fecha de este 23 de febrero, unas horas antes del estallido de la guerra en Ucrania.

Igualmente, apuntan en la misiva el riesgo que esto puede suponer de materializarse en “un trato desigual entre los ciudadanos europeos y las empresas europeas, lo que perjudica la competitividad, consolida el poder de mercado de los titulares y perjudica a las personas más vulnerables”.

UN COSTE FISCAL DE MÁS DE 7.000 MILLONES EN ESPAÑA.

En el caso concreto de España, subrayan que el coste fiscal de proteger a hogares y empresas, “especialmente a los más vulnerables, supera los 7.000 millones de euros”, lo que, en su opinión, “demuestra el importante esfuerzo que los Estados miembros están realizando destinando cantidades muy elevadas de dinero público para remediar un problema que requiere soluciones más estructurales”.

Además, advierten de que a medida que el coste de la energía continúa creciendo, los flujos financieros netos “se dirigen a los países exportadores de combustibles fósiles, en detrimento de las economías europeas, y ponen en peligro el impacto de los fondos de Next Generation UE en la transformación de nuestras economías hacia el cero neto”.

Como ejemplo, señalan que el año pasado el precio del mercado eléctrico español se situó en un nivel récord de 112 euros por megavatio (MWh), a pesar de que la generación renovable alcanzó su máximo histórico, representando el 45% de la producción total. “Necesitamos asegurarnos de que los ciudadanos se beneficien de energía limpia y barata y evitar el coste social asociado con la transición verde”, añaden al respecto.

DESVINCULAR EL ‘POOL’ DE LA VOLATILIDAD DEL GAS NATURAL.

Por ello, Ribera y Calviño acogen positivamente la posible adopción de una nueva caja de herramientas “con medidas adicionales y extraordinarias”, que pueden activarse en circunstancias específicas del mercado, “para transferir las rentas de los generadores de energía a los consumidores y limitar el efecto de contagio de los precios del gas en los precios de la electricidad”.

Además, insisten en que la formación de los precios en el mercado mayorista de la electricidad se debe desvincular “de la alta volatilidad” de los precios del gas, defendiendo así establecer un precio máximo a la electricidad generada a partir del gas natural.

ABRIR EL DEBATE SOBRE LOS “BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO”.

Por otra parte, Ribera y Calviño aplauden que Bruselas abra la puerta a debatir sobre los “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas, aunque estiman que las medidas a este respecto deberían ser diseñadas de manera que puedan desplegarse de manera “rápida”, incluso para el segundo trimestre de este año.

Las ministras españolas, que defienden seguir impulsando la firma de contratos a largo plazo (PPAs, por sus siglas en inglés) abogan así por “medidas adicionales” de cara al largo plazo y por abrir una debate amplio entre todos los implicados para abordar “recomendaciones concretas para mejorar el marco legal europeo”.