Retomarán la Autoridad del Cliente Financiero, que murió en el Senado por el adelanto electoral
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
PSOE y Sumar se han comprometido, en el marco de su acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición, a limitar la “excesiva concentración empresarial”, para lo que impulsarán una revisión de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Más en concreto, las dos formaciones han señalado que quieren dotar de más medios a los organismos reguladores para que puedan llevar a cabo “correctamente” su tarea de supervisión. “Reforzaremos los instrumentos para limitar la excesiva concentración empresarial”, indica el documento donde las formaciones desgranan sus propuestas.
Estos elementos de refuerzo en Competencia ya se incluyeron en el proyecto de ley para la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y bancos.
Esta agencia estuvo a punto de aprobarse en la Legislatura pasada, pero el presidente en funciones, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral para el 23 de julio y las Cortes se disolvieron justo cuando el proyecto de ley para la creación del organismo se encontraba en el Senado, de modo que no llegó a aprobarse.
Es por ello que ahora PSOE y Sumar se comprometen también a poner en marcha esta Autoridad del Cliente Financiero, que con su creación se incluyeron varias medidas para mejorar la autonomía de la CNMC.
Entre ellas, se dotó de más independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos pudieran ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por funcionarios del subgrupo A1. También se amplió el plazo general del procedimiento sancionador de la CNMC de 18 a 24 meses, mientras que el plazo de la segunda fase de control de concentraciones pasaba de 2 a 3 meses.
MAYORES MULTAS PARA LOS CÁRTELES
Entre las iniciativas que venían de la mano de esta Agencia se incluía una reforma de la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que participen en un cártel.
De este modo, aquellas compañías que infrinjían la normativa, podrían ser sancionadas con una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es “muy grave”, como es el caso de pertenecer a un cártel.
La normativa actual dispone que las multas leves oscilan en una horquilla de entre 100.000 y 500.000 euros; las graves entre 500.001 euros y 10 millones y las muy graves por encima de los 10 millones. De su lado, también incrementaba de 60.000 hasta 400.000 euros la multa a cada uno de los directivos de la empresa infractora.
