PSOE quiere limitar el fondo del amianto a personas incapacitadas sin prestación y con 10 años en el país

Los socios de Gobierno presentan sus enmiendas por separado, al no compartir el objeto ni la financiación del fondo impulsado por País Vasco

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El PSOE quiere limitar el alcance del fondo para indemnizar a personas víctimas del amianto a personas que hayan quedado afectadas de una discapacidad permanente de al menos un 33% y no tengan derecho a una pensión o prestación y que hayan residido al menos 10 años en España.

Así consta en las enmiendas registradas en el Congreso por la principal formación de Gobierno a esta proposición de ley, y a las que ha tenido acceso Europa Press. Aprobada por el Parlamento del País Vasco, la iniciativa permanecía a la espera de que la Mesa del Congreso, a instancias del PSOE, dejara de prorrogar los plazos para presentar enmiendas desde que superara en abril de 2021 su debate de admisión a trámite.

Entre medias, PSOE y Unidas Podemos acordaron con EH-Bildu dotar de 25 millones de euros a este fondo como parte del acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

VE “MUY EXTENSA” LA COMPENSACIÓN PLANTEADA POR EL PAÍS VASCO

La proposición de ley remitida por la Cámara legislativa vasca atribuye al fondo “la reparación íntegra de los perjuicios” ocasionados a una persona con una enfermedad reconocida a causa del amianto como a cualquier persona que afectada por su exposición al mismo en España.

Sin embargo, el PSOE considera que “eso supone una compensación muy extensa” que no tiene en cuenta que los trabajadores ya “están especialmente protegidas” por la Seguridad Social y el sistema de prevención de riesgos laborales, en el cual este riesgo de exposición al amianto se ha protegido considerando sus patologías como enfermedad profesional.

Por ello, desde esta formación consideran que el fondo debe ir dirigido a personas afectadas por el amianto por causas ajenas al trabajo y les haya producido discapacidad o incluso fallecimiento –para ese caso reconoce derecho a indemnización a sus familiares–.

UN RECARGO EN LAS COTIZACIONES SERÍA “INDISCRIMINADO”

Asimismo, plantean que la gestión del fondo se realice a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a través de una cuenta abierta del Banco de España, y no con una dirección colegiada que diera cabida a sindicatos y patronales, además de representantes de la Administración.

Otros cambios propuestos por el PSOE es evitar que la financiación pase por un recargo de cotizaciones sociales o aportaciones de las mutuas, como plantea la propuesta –algo que consideran “indiscriminado”–, financiándolo a través de las aportaciones de los Presupuestos y las indemnizaciones por responsabilidad civil que se acuerden en vía judicial.

Asimismo, apuntan a la situación financiera de la Seguridad Social, que ha llegado a tener que recurrir a préstamos del Estado para cubrir su déficit, sin aumentar las cotizaciones para evitar un “efecto indeseado” en la productividad y el empleo, por lo que creen que “no tiene sentido” hacerlo ahora “para financiar una compensación por unos dcaños que no se han producido necesariamente con ocasión del trabajo”.

UNIDAS PODEMOS BUSCA INCLUIR A EMPRESAS EXTRANJERAS

Por su parte, Unidas Podemos busca llevar más lejos el ámbito de protección del fondo, al reconocer el derecho a la indemnización a toda persona que haya sufrido daño y perjuicio en un ámbito laboral, doméstico o ambiental, así como a sus herederos.

Además, buscan asegurar en otra enmienda la compatibilidad de las indemnizaciones del fondo con las prestaciones económicas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional y las derivadas por incapacidad, e insta en una disposición a reconocer coeficientes reductores para la jubilación anticipada para las personas afectadas.

Por otro lado, también busca incluir dentro de las empresas que deben responsabilizarse de las indemnizaciones a las que, aun no estando radicadas en España, sí han desarrollado o desarrollan actividades vinculadas a la manipulación de amianto.

Por otro lado, plantean que para solicitar la indemnización al fondo, se requiera un informe sanitario procedente del Programa Integral de Vigilancia Sanitaria de los Trabajadores Expuestos al Amianto (PIVISTEA), y que directamente baste con este informe en caso de que la enfermedad diagnosticada esté estrechamente relacionada con el amianto.

Asimismo, también abre la puerta con otra enmienda a admitir nuevas solicitudes de indemnización cuando aparezcan nuevas patologías, incluso cuando la persona afectada haya obtenido indemnizaciones derivadas de otras patologías relacionadas con el amianto.