PP y Cs abogan por eliminar la exigencia de fianza al alquilar con un seguro obligatorio para daños o impagos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PP y Ciudadanos coinciden en la conveniencia de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para establecer un seguro obligatorio para cubrir posibles impagos del inquilino y daños que pueda sufrir la vivienda, con el fin de eliminar así la exigencia y prestación de una fianza.

La idea estaba recogida en la moción defendida esta semana por Ciudadanos en el Pleno del Congreso y ahora se reafirma en la enmienda transaccional que el partido naranja ha pactado con el PP y que se votará este jueves.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea una batería de medidas para movilizar el mercado de la vivienda, especialmente en el alquiler. La moción es consecuencia de la interpelación dirigida en la última sesión de control al Gobierno al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Otras medidas de PP y Cs a reformar en la LAU son garantizar el pago de mensualidades a través de pagos electrónicos trazables y establecer mecanismos para que el inquilino conozca los gastos efectivos que asume el propietario, como el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), seguros contratados y otros impuestos y tasas.

El texto acordado, que se someterá a votación este jueves en el Pleno del Congreso, se completa con propuestas para el próximo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, con la revisión de todas las deducciones fiscales previstas en el IRPF.

En estas piden potenciar las dirigidas a propietarios que incluyan sus viviendas en programas a públicos a precios asequibles y eliminar las que no contribuyan a aumentar la oferta en alquiler para estancias a largo plazo.

La batería de medidas incluyen también fijar en la Ley del Suelo y Rehabilitación que el 100% de viviendas que se construyan en los próximos 30 años sujetas a un régimen de protección pública se destine a alquiler protegido, crear un mapa interactivo de viviendas protegidas en España, promover la movilización de suelo público para vivienda en alquiler asequible y desbloquear todos los desarrollos urbanísticos paralizados que tengan “algún tipo de protección pública”.