Podemos quiere obligar por ley a Ferrovial a devolver las ayudas recibidas en España durante la última década

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos registrará en los próximos días una proposición de ley en el Congreso para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora.

Se trata de una medida realizada ‘ex profeso’ para Ferrovial, compañía que esta semana ha anunciado su intención de trasladar su sede social de España a Países Bajos.

Desde Unidas Podemos han incidido en que la ciudadanía “salvó” con dinero público a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE. “Es tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas”, ha apuntado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

“Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas”, ha enfatizado Echenique, quien ha apostillado que “cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento.

En esta línea se ha pronunciado también la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarre, que ha dicho que “no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas cuando las cosas van mal”, para que “cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos”.

Y FUERA DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

Echenique también esbozó otra medida, excluir a Ferrovial de los contratos públicos por haberse ‘fugado’ a Países Bajos. “Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces que Países Bajos y no España los que les den contratos de obras públicas”, indicó el portavoz en un tuit.

Asimismo, el grupo parlamentario también ha subrayado la necesidad de que España lidere los esfuerzos en el seno de la Unión Europea para homogeneizar los tipos impositivos en el conjunto del continente, y muy especialmente el impuesto de sociedades, para acabar con el ‘dumping’ fiscal entre Estados miembros.

La compañía justificó este movimiento en que es una firma internacional con la mayor parte de su negocio fuera de España. En concreto, el 82% de los ingresos de 2022 se generaron fuera del país y el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero. Sin embargo, esta decisión no ha sentado bien en el Gobierno de coalición, que ha instado a la empresa a replantearse su idea y mantener su domicilio social en España.

EL GOBIERNO QUIERE QUE FERROVIAL RECTIFIQUE

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, llegó a tener una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, para expresarle “claramente su rechazo” al cambio de sede. “Se trata de una empresa que debe todo a España”, remarcaron desde el Departamento que dirige Calviño.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó la decisión de la compañía, que en su opinión es para pagar menos impuestos.

En este contexto, Díaz pidió a Ferrovial reconsiderar su decisión y comprometerse con España en un momento de “necesidad”. Además, pidió a Economía adoptar “las medidas que sean menester” para que el traslado no llegue a materializarse.

EL TRASLADO, PENDIENTE DE LOS ACCIONISTAS

El traslado de la compañía presidida por Rafael del Pino a Países Bajos está supeditado a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía se opongan a esta operación, que además le permitiría dar el salto a la bolsa estadounidense.

Entre las condiciones establecidas por el consejo de administración para la aprobación de esta operación figura que los accionistas que estén en contra de este traslado podrán acogerse a su derecho de separación.

Este derecho consiste en la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación justa, que normalmente es el precio de cotización de la compañía, en este caso de 26,7 euros por acción.