Piden financiar los costes del Recore a través de los PGE o por medio del sistema impositivo
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de “los riesgos” que representa la aprobación como está planteado del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), el mecanismo para repartir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) entre todos los vectores energéticos, en el actual contexto de “tensión del mercado energético”, y ha pedido abordar su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En un comunicado, la patronal de las ‘grandes’ petroleras, de la que forman parte Repsol, Cepsa, BP, Galp o Eni, entre otras, señala “las negativas consecuencias” de la creación del fondo “para el conjunto del sector energético, el desarrollo industrial, la actividad económica y el consumo doméstico, ya que “no supone una solución al problema del coste de la electricidad y sí plantea problemas adicionales, al implantar un sistema de financiación cruzada de unos sectores energéticos en favor de otros, incorporando una nueva carga sobre los combustibles y el gas para sufragar los costes del sistema eléctrico”.
Así, AOP considera que existen alternativas “más eficaces, más ecuánimes y más transparentes” a la creación de este fondo, como la financiación de los costes del Recore a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o, en su defecto, a través del sistema impositivo.
En el caso de no poderse aplicar ninguna de estas dos soluciones, la asociación pone de manifiesto la necesidad de aplicar “exenciones para la industria”.
El fondo, que fue remitido al Congreso hace un año por el Gobierno pero cuya aprobación se ha ido dilatando en el trámite parlamentario, prevé retirar de los cargos del sistema eléctrico la retribución regulada de las renovables históricas, la cogeneración y los residuos -más de 6.000 millones de euros- de un modo progresivo durante un quinquenio, repartiéndolos entre todos los vectores energéticos.
Según las cifras incluidas en el proyecto de Ley publicado hace un año, el sector del refino y de comercialización de productos petrolíferos tendría que asumir una aportación de casi 1.800 millones de euros al fondo, y asimilar asimismo un sobrecoste de más de 500 millones en la factura de gas natural para poder hacer frente a su producción.
En este sentido, AOP considera que estas cifras “pueden haber quedado sin efecto tanto por el tiempo transcurrido como a causa de la crisis actual”.
Además, el sector petrolero recuerda que ha demostrado “ampliamente su compromiso, no solo con sus inversiones en descarbonización, sino con la respuesta ante las dificultades económicas que afrontaban las familias ante el encarecimiento energético, incrementando las bonificaciones propuestas por el Gobierno para los combustibles”.
HACER FRENTE A UN SOBRECOSTE DE 170 EUROS PARA AHORRAR 20 EUROS.
Asimismo, la patronal estima que el fondo es “una carga adicional” para el consumo y, con ello para la renta de los hogares, “que pagarán en otros productos energéticos la rebaja de la factura de la luz”, pudiendo, según sus estimaciones en base a las cifras del Proyecto de Ley, tener que hacer frente cada hogar a un sobrecoste de hasta 170 euros al año en la factura de gas natural e hidrocarburos, porun ahorro de aproximadamente 20 euros en la factura de luz.
Así, apunta que este impacto “será especialmente dañino” para las rentas más bajas, los colectivos más vulnerables y las poblaciones de la España rural y vaciada, donde existe una mayor dependencia del gasy los hidrocarburos, por las necesidades de consumo energético y autonomía en la movilidad.
Para AOP, esta Ley se está tramitando en un contexto “especialmente complicado” para la economía española, en un contexto marcado por la invasión rusa en Ucrania que ha impactado de forma directa en los precios energéticos, lo que “viene a sumar incertidumbre al mercado energético y un agravamiento de las tensiones inflacionarias,con una repercusión directa no solo en la cesta de la compra de los españoles, sino en toda la cadena productiva”.
