Pagero anima a las empresas a acelerar la implantación de la factura electrónica por cuestión de eficiencia

Al hilo de la apertura a consulta pública de la Ley ‘Crea y Crece’

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Pagero, compañía especializada en temas de facturación electrónica a nivel mundial, coincidiendo con la apertura a consulta pública de la Ley ‘Crea y Crece’, que obliga al intercambio de facturas electrónicas entre empresas, ha animado a las empresas a anticiparse y adoptarlas ya con el fin de aumentar su eficiencia y optimizar recursos.

La regional manager de Pagero, Ana Cerbilla, ha destacado que, según la experiencia global de la compañía, saben que “cuando llega una nueva normativa, las empresas retrasan la adopción de soluciones para cumplir con los requerimientos gubernamentales por la inversión que conlleva y la gestión de cambio”.

Pero, según su opinión este planteamiento no es el correcto, porque “la transición a las facturas electrónicas no debe verse como una obligación, sino como una oportunidad de agilizar, hacer el negocio más eficiente y optimizar recursos. Si trae muchos aspectos positivos, ¿por qué no hacerlo ya?”, ha añadido Cerbilla.

MECANISMO PARA LUCHAR CONTRA LA MOROSIDAD

Según Pagero, las facturas electrónicas suponen numerosas ventajas para las empresas. En primer lugar, son un método eficaz para luchar contra la morosidad y la extensión de plazos de pago abusivos que utilizan algunas empresas con sus proveedores, tal y como ha destacado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El motivo es que la transacción pasa a estar dotada de mayor transparencia, porque se hace a través de una plataforma que hace de intermediaria y los datos pueden ser monitorizados por la Administración, que actuará si detecta que la dimensión del problema de retrasos en los pagos se dispara.

En segundo lugar, la facturación electrónica se traduce en un ahorro eventual de costes para las compañías porque su implementación supone una inversión baja y simplifica el trabajo, recuerda Pagero.

Por último, las facturas electrónicas contribuyen a monitorizar el cumplimiento de la normativa de morosidad comercial, lo que amplía la transparencia. Esto se traduce en que las empresas pueden obtener datos del Observatorio Estatal de la Morosidad sobre las compañías que peor pagan a sus proveedores, según ha resaltado el Ministerio.

Además, la nueva Ley ‘Crea y Crece’, gracias a las facturas electrónicas, facilita la posibilidad de obtener información sobre el porcentaje de facturas que las empresas pagan en plazo.

La facturación electrónica tiene ya una fuerte penetración en determinados sectores como el de gran consumo, automóvil o suministros sanitarios, pero su presencia en otras áreas de negocio es aún minoritaria. Pero, en opinión de Pagero, su avance es “inexorable” y no se va a parar.

Países como Italia la tienen asentada y la Comisión Europea está dando pasos en esta misma línea.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado esta semana la consulta del Real Decreto de desarrollo de la factura electrónica para las operaciones comerciales entre empresas y profesionales, incluido en la Ley Crea y Crece aprobada el pasado mes de septiembre.

La implementación de la factura electrónica en todas las transacciones comerciales garantizará una mayor agilidad y control de los pagos, lo que contribuirá al cumplimiento de la normativa de morosidad general y sectorial.

Asimismo, esta medida reducirá los costes de transacción ya que permitirá integrar todas las funciones de facturación, cobros, pagos y contabilidad de forma automática, ganando en rapidez y eficiencia.

Para garantizar la consecución de estos objetivos, y facilitar su implementación entre pymes y autónomos, la Administración pondrá a disposición de estas empresas una infraestructura básica pública para acceder a la factura electrónica, si bien la tramitación podrá realizarse también a través de cualquiera de las plataformas privadas existentes.

Las facturas electrónicas serán obligatorias en la primavera de 2024 para empresas y autónomos que facturen más de 8 millones y para las demás en la primavera de 2025.