La CNMC establece que hubo un perjuicio económico para los demandantes de unos 105 millones de euros y apunta a la compañía como responsable de ese trucaje de precios. Dicho informe concluye que Iberdrola llevó a cabo una retirada de las fuentes de energía baratas, para inflar el precio, lo que provocó que esas energías baratas “no resultaran despachadas en el mercado”.
Según las conclusiones del regulador, Iberdrola redujo considerablemente las aportaciones de las unidades hidráulicas más baratas, aumentando el diferencial de precios en unos 7€ el Megavatio, según los cálculos de las partes.
Así mismo la CNMC destaca que esa energía más cara que vendió Iberdrola no solo perjudicó a los consumidores sino que los principales afectados fueron sus competidores. Según el dictamen de la CNMC, el incremento del coste de las compras fue de 4,3 millones de euros.
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