Murcia pide al Gobierno central la retirada de la Ley de vivienda porque invade las competencias regionales

MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo de la Región de Murcia ha solicitado al Gobierno central la retirada de la propuesta de ley de vivienda en los términos en los que ha sido planteada ya que invade competencias regionales en esta materia, según han informado fuentes de la Comunidad Autónoma en un comunicado.

En este sentido, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha valorado como “demoledor” el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en opinión del consejero, “pone de manifiesto la invasión de las competencias regionales tal y como establece la Constitución Española”

Por este motivo, Díez de Revenga ha hecho hincapié en que el órgano judicial “confirma que el Gobierno central quiere imponer de manera unilateral un modelo de vivienda que está abocado al fracaso, y supone una incisiva vigilancia al uso de la vivienda por parte de sus propietarios”.

Para el consejero, “la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez no se corresponde con lo que necesita la sociedad ni cuenta con un mínimo consenso político, y, además, nace totalmente cuestionada por el propio CGPJ”.

Díez de Revenga ha aconsejado al Gobierno central “iniciar de nuevo la tramitación, contando con la participación de los agentes sociales, de los órganos consultivos y de las comunidades autónomas, para construir un modelo que realmente permita el acceso al hogar de todos los ciudadanos”.

Por esta razón, el consejero de Fomento ha considerado más efectiva la apuesta por medidas como las que impulsa el Gobierno regional, “que ya están funcionando, frente al intervencionismo que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez que desincentiva el mercado y reducen la oferta de viviendas en alquiler, lo que se traduce en subidas de precios y mayores dificultades para las familias”.

Finalmente, para el Ejecutivo regional, el anteproyecto “atenta contra la libertad de los ciudadanos que tienen una vivienda porque el Estado toma el control sobre ellas, estableciendo medidas intervencionistas que van a conseguir justo lo contrario de lo que pretendían: dificultar el acceso a una vivienda a precios asequibles, y aumentar las desigualdades”.