Montero dice que el objetivo de alcanzar niveles de recaudación UE no supone subida de impuestos generalizada

Critica a las comunidades que hacen “gala” de bajar impuestos y al mismo tiempo piden más transferencias a “papá o mamá” Estado

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el objetivo del Gobierno de alcanzar los niveles de recaudación europeos “no supone una subida de impuestos generalizada”.

“No se puede tener un Estado de primera con unos ingresos de tercera”, ha remarcado la responsable de Hacienda, tras explicar que España se encuentra siete puntos por debajo de la media europea en ingresos fiscales respecto al PIB y también está por debajo de la media comunitaria en presión fiscal y lejos de países referentes como Alemania, Francia o los países nórdicos, donde el estado del bienestar “ha sido un orgullo”.

Así lo ha señalado durante su participación en la jornada ‘El debate de la reforma fiscal: un nuevo modelo para una economía diferente’, que organiza ‘CincoDías’, en colaboración con Estrategos.

“Aproximarnos a esos estándares europeos no supone una subida de impuestos generalizada, ni que el Gobierno tenga en la agenda subir para el próximo año 80.000 millones”, ha remarcado la titular de Hacienda, tras indicar que es “absolutamente imposible” que ningún Ejecutivo tenga esa aspiración.

Por ello, ha criticado el “populismo fiscal” de la derecha, que según la ministra, se ha reflejado en el debate de Presupuestos Generales del Estado para 2022, donde lejos de profundizar en los parámetros, se traslada la idea de que “los impuestos son malos y cuantos menos pagan los ciudadanos o las sociedades, mejor”.

Entretanto, la ministra ha criticado que la derecha pide al Gobierno bajadas masivas de impuestos a la vez que le insta a transferir más recursos a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos.

“Mientras algunas comunidades hacen gala de bajar impuestos, piden dinero a papá o a mamá Estado, piden dinero al Gobierno. Es lo mismo que decir que, en mi ámbito bajo, impuestos y luego tú los subes para compensar esa bajada de recaudación”, ha criticado.

Por ello, ha insistido en, frente a afirmaciones que hablan de “hachazo fiscal”, avanzar en pedagogía. Así, Montero ha remarcado que la mejora de los ingresos públicos de cara a los próximos años vaya de la mano de una fiscalidad del siglo XXI, que actualmente está analizando un comité de expertos para exponer sus conclusiones en febrero de 2022.

YA TIENE “IDEAS” DE HACIA DÓNDE ENFOCAR LA FISCALIDAD DEL SIGLO XXI

Sobre este análisis, Montero ha afirmado que no conoce las conclusiones, asegurando que le interesa un trabajo “fresco” que permita al Gobierno reflexionar para la toma de decisiones. “Eso no quita que tengamos desde el Gobierno algunas ideas de hacia dónde tenemos que orientar la fiscalidad del siglo XXI”, ha matizado la ministra.

Entre las principales líneas, Montero ha destacado el consenso internacional para establecer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, medida que el Ejecutivo ya ha incluido en las cuentas públicas de 2022. “Tengo la sensación de que de esta crisis vamos a salir con un consenso internacional que permita recuperar el rendimiento de algunas figuras tributarias que con el paso del tiempo han visto su expresión reducida”, ha celebrado.

En este sentido, espera que el próximo año la Unión Europea cuente con una directiva sobre el Impuesto de Sociedades, aunque ha admitido que hay mucha “letra pequeña”.

ADMITE INGRESOS INFERIORES A ESTIMADOS EN LAS TASAS GOOGLE Y TOBIN

De su lado, la ministra ha defendido otras medidas ya impulsadas en España, como el impuesto a las transacciones financieras (‘Tasa Tobin’) o el impuesto a determinados servicios digitales (‘Tasa Google’), aunque ha reconocido que los ingresos para ambas figuras están siendo menores de los previstos.

Y es que según los últimos datos de la Agencia Tributaria, España ha ingresado en los diez primeros meses del año 237 millones de euros por el impuesto sobre transacciones financieras, lo que supone el 27,8% de los 850 millones de recaudación previstos por el Gobierno para el conjunto del año.

De su lado, España ha ingresado en la primera mitad del año 95 millones de euros de la primera liquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como ‘tasa Google’, de los 968 millones previstos para este año.

No obstante, el mes pasado los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido han llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre sus respectivos impuestos digitales que evitará la entrada en vigor de los aranceles sobre importaciones de productos de dichos países europeos que había aprobado Washington en junio.

El acuerdo contempla que España y el resto de países mantengan sus respectos impuestos digitales nacionales hasta que entre en vigor el primer pilar del acuerdo sobre fiscalidad de empresas al que llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición del G20. Este pilar entrará en vigor el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite.

A partir de 2024, se evaluará si los impuestos abonados por las multinacionales afectadas estadounidenses por los impuestos digitales nacionales es superior al que hubieran tenido que pagar al amparo del pilar 1. En caso de que fuera así, España y el resto de países europeos tendrán que abonar a dichas empresas un crédito fiscal por la diferencia entre ambas cantidades.

FISCALIDAD VERDE Y TRIBUTACIÓN PATRIMONIAL

Otro de los pilares clave de la reforma será el impulso de la fiscalidad medioambiental, con medidas como reducir el uso de plásticos, fomentar una economía más verde y prevenir el cambio climático. La capacidad sancionadora será clave para promover que la industria pesada cambie sus hábitos, según la ministra.

Además, otro de los puntos que ve “clave” es hacer que “la tributación patrimonial sea más justa y atienda a las realidades del entorno”.

No obstante, ha afirmado que hay figuras que tuvieron una concepción particularmente importante y han perdurado a lo largo del tiempo, como es el caso del IRPF. La ministra ha afirmado que más allá de que requiera algún ajuste o valoración por parte de los expertos, la figura tiene una estructura “legítimamente aceptada y socialmente bien considerada”.