MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Menos del 20% de las empresas españolas tienen un canal de denuncias interno, según un estudio de la firma de servicios profesionales Grant Thorton, que calculó que en 2020 esta cifra estaba en el 10%.
La nueva ley de protección del informante obliga a tener este canal desde el 14 de junio a las empresas con más de 250 trabajadores y desde el 1 de diciembre a aquellas que tengan más de 50 empleados. Las compañías que incumplan esta normativa se enfrentan a sanciones que van desde los 600.000 euros al millón.
Según ha señalado Grant Thorton, en España hay más de 26.000 empresas que tienen entre 50 y 250 empleados y que “están preocupadas” por la urgencia de aplicar una medida “para la que no están preparadas”.
La nueva normativa obliga también a disponer de la infraestructura necesaria para gestionar y tramitar las denuncias, un código ético y la figura del ‘compliance officer’ que lidere el proyecto, por ello la norma permite externalizar el servicio.
UNA HERRAMIENTA DE GRANT THORNTON
La firma se servicios profesionales ha anunciado en un comunicado que cuenta con una “herramienta pionera” para la gestión del canal de denuncias apoyada en la tecnología Blockchain.
La empresa ha explicado que se trata de un sistema de control inmodificable en cuanto al registro temporal y de contenido, a diferencia de sistemas más antiguos de denuncias internas. Además, “aporta la máxima seguridad jurídica, fiabilidad y objetividad al canal”.
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DENUNCIA
Según ha señalado Grant Thorton, los responsables de ‘compliance’ de las empresas han detectado “un aumento” de denuncias por casos de acoso sexual en el trabajo. También destacan las quejas por acoso laboral por parte de algún superior o compañero.
Este tipo de herramientas que promueve la nueva normativa, no solo protegen al alertador, sino que ofrecen a la compañía “información de gran valor”.
