MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que el año pasado, en el marco de la espiral alcista de la energía, alrededor de 1,25 millones de personas pasaron de la tarifa regulada de electricidad (PVPC), que está indexada al mercado mayorista, a una en el mercado libre a precio fijo.
Las cifras del regulador también revelan que en 2020 se produjeron 575.000 traspasos de este tipo y en 2019 unos 660.000. Asimismo, la CNMC recuerda que en octubre de 2021, alrededor del 60% de los consumidores eléctricos (unos 18 millones) disponían de un contrato de suministro a precio fijo, lo que les permitió mantener los precios acordados hasta la fecha de revisión de sus contratos.
Por el contrario, el 40% de los consumidores con contratos indexados al precio del mercado mayorista habrían experimentado un incremento del precio del 45% en 2021, un encarecimiento de unos 229 euros con respecto a 2020 para un consumidor medio, según los cálculos de la CNMC.
Sin embargo, el organismo observa una contención del precio doméstico del gas en el mercado regulado debido a que el Real Decreto-ley 17/2021 limitó las subidas de la tarifa regulada (TUR) a un máximo del 15% de la materia prima en sus revisiones trimestrales.
“De esta forma, la TUR se situó entre un 40% y un 100% más barata que la oferta del mercado libre más económica disponible”, asevera el regulador.
Sin embargo, esta situación también tiene impacto sobre las pequeñas comercializadoras de electricidad y de gas, que han tenido problemas de solvencia.
De hecho, el año pasado 44 de ellas abandonaron la actividad, nueve por inhabilitación (incumplimiento de sus obligaciones de pago) y 35 por ceses voluntarios, según recuerda la CNMC, que también subraya que los 34.000 clientes afectados mantuvieron garantizado el suministro con el comercializador de último recurso en tarifa regulada.
En cuanto a la modificación de los contratos, el organismo hace hincapié en que muchos “incluyen una cláusula que habilita a los comercializadores a modificar las condiciones ante la subida de los precios” y que algunos de ellos han optado por modificar unilateralmente sus condiciones.
“Esta práctica no cumple con la obligación de información transparente sobre precios y condiciones de la Directiva (UE) 2019/944. La CNMC está supervisando dichas conductas en el ámbito de sus competencias y ha advertido a los comercializadores que deben avisar de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificación y del derecho a rescindir el contrato sin coste alguno”, asevera la CNMC.
