Los Veintisiete buscan acordar su posición sobre la transparencia fiscal en el intercambio de criptoactivos

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) tratarán de acordar su posición sobre la directiva para exigir a los proveedores de criptoactivos, tales como las aplicaciones de compraventa o intercambio de bitcoins, que notifiquen las transacciones de los clientes residentes en la Unión Europea (UE),

La directiva, presentada por la Comisión Europea el pasado 8 de diciembre y conocida como ‘DAC8’, se refiere a la cooperación administrativa y la transparencia en el campo de la fiscalidad.

La norma también pretende establecer un nivel mínimo común de sanciones para situaciones de incumplimiento grave, como la ausencia total de notificación a pesar de los recordatorios administrativos y, en algunos casos, las obligaciones de información también abarcarán los ‘tokens’ no fungibles (NFT).

Además, el texto también propone ampliar tanto las obligaciones de información de las entidades financieras para incluir el dinero electrónico y las monedas digitales como el ámbito de aplicación del intercambio automático de información para adelantar las resoluciones transfronterizas utilizadas por las personas con grandes patrimonios.

Los ministros también abordarán la propuesta de la Comisión Europea para revisar el marco de gestión de crisis bancarias y la garantía de depósitos y proteger así a inversores y contribuyentes ante una posible quiebra.

Esta será la primera ocasión que tendrán los ministros para intercambiar sus puntos de vista iniciales en base al planteamiento presentado por Bruselas el pasado 18 de abril, un mes después de las turbulencias económicas provocadas por las quiebras del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de la entidad suiza Credit Suisse.

La revisión del marco pretende evitar que las autoridades nacionales utilicen el dinero público para hacer frente a una quiebra inminente, en lugar de los recursos internos de los bancos y las redes de seguridad financiadas por el sector, lo que significa que el sistema único de resolución creado en el marco de la Unión Bancaria “no se está utilizando plenamente según lo previsto”.

Por eso, ahora el Ejecutivo comunitario busca ampliar el alcance de este marco para asegurarse de que las quiebras bancarias puedan resolverse de forma “eficaz”, en lugar de gestionarse fuera del sistema establecido para la UE.

La reforma de este marco pretende dotar a las autoridades de mejores instrumentos de crisis utilizados para gestionar la quiebra de bancos medianos y pequeños para garantizar que, cuando esté en juego la estabilidad financiera, los inversores –ciudadanos, empresas y entidades públicas–, puedan seguir teniendo acceso a sus cuentas.

La propuesta de la Comisión atiende a los objetivos principales de preservar la estabilidad financiera, proteger a los inversores, minimizar el riesgo para el dinero de los contribuyentes y amortiguar el impacto de una posible quiebra bancaria en la economía real.

Además, el martes también tendrá lugar un diálogo económico y financiero entre la UE y los Balcanes Occidentales y Turquía, con el objetivo de aprobar un documento de conclusiones conjuntas.

UNIÓN DE MERCADOS DE CAPITALES

De forma previa a este intercambio de posturas, el lunes, los ministros de la eurozona, el Eurogrupo, debatirán el plan indicativo para avanzar en la Unión de los Mercados de Capitales, sin perjuicio de los debates legislativos que tienen lugar en el Consejo.

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, será el encargado de presentar sus puntos de vista sobre cómo avanzar en este ámbito, como seguimiento de la Eurocumbre de marzo y en línea con las discusiones en la reunión del Eurogrupo del pasado 28 de abril.

El Eurogrupo abordará también los aspectos internacionales de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y, en concreto, el progreso del proyecto del euro digital, y los ministros de los países que forman parte de la unión bancaria escucharán el informe semestral de los presidentes del Mecanismo Único de Supervisión y de la Junta Única de Resolución, Andrea Enria y Dominique Laboureix.