Esperan resolver el conflicto antes de la convocatoria de huelga la última semana de junio
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos han decidido mantener las concentraciones de protesta en la Inspección de Trabajo el próximo 7 de junio en las capitales de todas las comunidades autónomas y la huelga la última semana del próximo mes para protestar por la “caótica” situación del organismo, afectado por la falta de recursos.
“Es indudable que la convocatoria de elecciones trastoca todas las estrategias en tiempos, pero ello no puede llevar al abandono en la defensa de las medidas pactadas y recogidas en el acuerdo, que hasta la fecha está incumplido”, han trasladado fuentes sindicales a Europa Press.
Los sindicatos han decidido también mantener las denuncias ante los organismos internacionales, especialmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según han avanzado las mencionadas fuentes sindicales, mañana se reunirá una asamblea general con toda la plantilla de la Inspección y han decidido mantener la amenaza de huelga en la última semana de junio, el día 26 como ya avanzaron, “esperando y deseando que en este espacio de tiempo sea posible cerrar la decisión que permita cumplir el acuerdo, que no colisiona en nada ni con principios legales ni tampoco presupuestarios”.
CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, sindicatos convocantes de las protestas, llevan tiempo demandando al Gobierno que cumpla con el acuerdo que suscribió con ellos en julio de 2021 para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección.
Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.
La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
“No hay forma de ponerle punto final al conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ni siquiera puntos suspensivos. Lo que llevamos acumulado desde el 21 de diciembre del pasado año ha tenido como respuesta el más absoluto de los silencios de los responsables del Ministerio”, denunciaron los sindicatos en un comunicado.
