También generan “incertidumbre” en la canalización de alrededor de 15.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El incumplimiento de los plazos administrativos ligados a los proyectos energéticos supone una minoración de su impacto en el producto interior bruto (PIB) de 6.900 millones de euros, según el informe “La necesidad de mejorar la tramitación de las instalaciones eléctricas desde una perspectiva nacional y europea”, elaborado por la consultora PwC y presentado este martes.
Actualmente, los procesos de tramitación administrativa de proyectos energéticos están llevándose a cabo en plazos “muy superiores a los establecidos por la normativa correspondiente”, un incumplimiento que aparece en el 75% de las iniciativas evaluadas, asevera el análisis.
En esa línea, las estructuración de los trámites en España es “excesivamente larga” y, en ocasiones, genera “duplicidades” que dificultan la eficiencia del proceso, llegando a suponer, de media, entre el 50% y el 75% del tiempo que transcurre hasta la puesta en funcionamiento de una instalación.
El incumplimiento en la puesta en servicio de las instalaciones de la red de transporte necesaria para la transición energética también supone un aumento del precio del mercado de producción de electricidad de alrededor de 5,9 euros megavatio hora (MWh) y un impacto bruto en la producción nacional de 16.200 millones de euros, apunta el informe.
También genera un riesgo de disuasión para la implantación de nuevas industrias, como el hidrógeno renovable, el almacenamiento energético, la fabricación de baterías o la instalación de ‘data centers’, segmentos que cuentan con inversiones previstas de en torno a 58.000 millones de euros.
El informe de PwC también advierte de que estos retrasos administrativos generan “incertidumbre” en la canalización de alrededor de 15.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation asociados “directa o indirectamente a inversiones en la infraesctructura eléctrica”.
En cuanto a los trámites administrativos que generan mayores atascos se encuentran la declaraciones de impacto ambiental, dado que, de media, “esta declaración implica duplicar el tiempo de tramitación administrativa de una instalación”.
En ese sentido, los autores del informe han señalado que la identificación de la tramitación administrativa como un “cuello de botella” no se produce solo en España y se trata de un “reto generalizado” en Europa, una situación que, en parte, se debe a que son procesos complejos en los que intervienen muchos órganos, desde estatales hasta regionales.
Entre las medidas incluidas en el documento para minimizar estos retrasos destacan la posibilidad de impulsar la declaración de utilidad pública de este tipo de proyectos energéticos y que lleve implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado o de las comunidades autónomas, “como en la anterior redacción de la Ley del Sector Eléctrico”.
Asimismo, en el análisis se aboga por eliminar el informe preceptivo y no vinculante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la obtención de la autorización administrativa previa para instalaciones que sean competencia de la Administración General del Estado.
En cuanto a la agilización de los procesos, el informe incide también en la posibilidad de que algunos proyectos se declaren de interés estratégico para la transición energética aplicando procedimientos de urgencia.
Asimismo, se propone incrementar los recursos económicos de las administraciones públicas para la tramitación de expendientes.
AUTONOMÍA ENERGÉTICA
En la presentación del informe ha participado la presidenta del Grupo Redeia (antes Red Eléctrica), Beatriz Corredor, que también ha incidido en que los procesos administrativos “deben ser muy eficientes”, aunque ha lamentado que generen “cuellos de botella”.
En su intervención también ha defendido la necesidad de que Europa impulse su autonomía energética y elimine su dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, algo que, en su opinión, pasa por impulsar las renovables.
En esa línea, ha valorado la necesidad de que en España se mejoren las interconexiones eléctricas con el resto del continente y ha destacado que el país es el octavo del mundo en cuanto a capacidad renovable instalada y el segundo de Europa.
Además, ha valorado de forma positiva las normativas y planes tanto de España como de la Unión Europea para impulsar la transición energética, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Pacto Verde Europeo o la ley de cambio climático.
