MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Colegio de Registradores ha elaborado, en colaboración con Unión Profesional, una guía de buenas prácticas en materia de protección de datos, que se pone al servicio de organismos e instituciones, con el objetivo de servir de ayuda a la implantación y mejora de los diferentes servicios centralizados de protección de datos.
La guía dirigida a responsables de tratamiento de datos incide en el cumplimiento de la normativa de protección de datos estatal y europea (LOPDGDD, RGPD) así como los dictámenes, guías y resoluciones de las Autoridades de Control competentes, según ha explicado el Colegio de Registradores a través de un comunicado.
Además, y de forma complementaria, el Colegio de Registradores dispone, en su portal corporativo de una aplicación mediante la que se puede evaluar el estatus organizativo en materia de protección de datos, para facilitar la toma de decisiones acerca de la adopción de dicho modelo y un plan de acción para llevarlo a cabo. El proyecto se enmarca en la incorporación, por parte de corporaciones colegiales o de otro tipo de organismos en la cultura de cumplimiento y transparencia en materia de protección de datos.
Este modelo, expuesto en la guía, muestra fortalezas incluso ante problemáticas complejas que se pueden dar en el colectivo al que se presta servicio, como, por ejemplo, tratamientos a gran escala y/o de categorías especiales, dispersión geográfica de los responsables de tratamiento, alta heterogeneidad en los sistemas de información que realizan los tratamientos, diferentes niveles de madurez en el cumplimiento, diferentes grados de autonomía en la gestión.
Los registradores han explicado que la guía no persigue medir el grado de cumplimiento de las organizaciones en materia de protección de datos, ni establecer un diagnóstico sobre dicho grado, sino establecer las pautas necesarias para implantar un modelo organizativo de cumplimiento centralizado óptimo.
Así, la guía permite optimizar esfuerzos, mejorar los sistemas de cumplimiento y reducir costes de implantación a los responsables de tratamiento, a la vez que garantizar los derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos.
