Los maquinistas mantienen su amenaza de huelga en Renfe por su desintegración por el traspaso de Rodalies

Después de que el Ministerio no les haya confirmado que mantendrá la integridad de Renfe y Adif

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha mantenido activa la conflictividad previa a la convocatoria de una huelga tras constatar que la intención del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña es desintegrar tanto Renfe como Adif para llevar a cabo el traspaso de Rodalies.

Esta desintegración, es decir, crear una nueva empresa a la que serán transferidos los trabajadores, choca con el compromiso que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, le trasladó a los sindicatos el pasado mes de noviembre y que permitió desconvocar una huelga masiva en el transporte.

Esta mañana, a las 09.30 horas, se han reunidos todos los sindicatos del comité general de empresa de ambas empresas públicas con los representantes del Ministerio y de la Generalitat para crear el grupo de trabajo de relaciones laborales, uno de los siete grupos en los que se ha dividido el proceso de traspaso de Rodalies.

“En la reunión, los representantes de ambas administraciones han declinado especificar las funciones del grupo y, de la misma manera, alguno de los representantes de las administraciones públicas ha manifestado su nula voluntad a acordar ninguna solución a propuesta de la representación laboral”, defiende SEMAF.

La promesa del ministro, recogida en el acuerdo firmado el 23 de noviembre, era “la garantía de integridad de Grupo Renfe y Adif, manteniendo sus plantillas y su operación, tanto para el proceso de Renfe Mercancías, como el de Rodalies de Cataluña”.

Sin embargo, ni Gobierno ni Generalitat han confirmado a los sindicatos que se mantendrá esa integridad. Al contrario, la intención de la Generalitat es crear una nueva empresa pública a la que sean transferidos los activos.

Frente a ello, SEMAF propone otros modelos para llevar a cabo la transferencia, a la que no se opone. Por ejemplo, modelos de gestión pública en los que el titular de la competencia, mediante contratos, acuerdos o convenios, cuenta con otra entidad que es la prestadora final del servicio al ciudadano.