Los empresarios chilenos abogan por crecimiento económico y eficiencia para hacer sostenible el gasto público

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la principal organización entre los empresarios chilenos, ha presentado este lunes un informe en el que aborda las medidas que, a su juicio, son “necesarias” para un mejor cumplimiento tributario y para fortalecer la sostenibilidad del gasto público.

Este informe incluye como principales ejes que se potencie el crecimiento económico, pues explica más del 80% de la mayor recaudación tributaria de las últimas décadas, y que se mejore la eficiencia del gasto público.

Además de estos dos aspectos centrales, para controlar el gasto público se debe apostar por reducir los niveles de informalidad, comercio ilícito, evasión y elusión. “Todos los contribuyentes tienen que aportar según corresponda”, recoge el documento.

La informalidad implica no solo desprotección social para los trabajadores y perjuicios para los consumidores, sino que erosiona labase de recaudación fiscal. En consecuencia, la CPC ha denunciado que se golpea “fuertemente” la recaudación, al hacer recaer sobre las actividades formales el total de la carga tributaria en el país. A su vez, supone una “competencia desleal” entre quienes pagan impuestos por sus actividades y quienes no.

Para avanzar en la formalidad laboral, algunas de las propuestas son visibilizar los beneficios de la formalidad laboral y reducir sus costes, aplicar un régimen tributario simplificado para las pymes o establecer una carga tributaria máxima anual del 50% de los ingresos.

El Gobierno de Chile ha señalado que pretende enviar un nuevo proyecto de ley que combata la evasión y la elusión y que en general promueva el mejor cumplimiento tributario. Para lograrlo, los empresarios han destacado que es necesario avanzar en moral tributaria y confianza en el sistema tributario.

“En los países de la OCDE, si bien existen autoridades tributarias con amplias facultades, también existen sólidas garantías en materia de defensa de los derechos de los contribuyentes, lo que finalmente se traduce en mayor confianza y niveles de recaudación”, han sostenido.