Los economistas mantienen en el 3,9% el crecimiento del PIB para 2022 y sitúan la inflación media en el 7,1%

Proponen actualizar los PGE y piden evitar la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, ante el “calentamiento” del mercado

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de Economistas (CGE) ha mantenido en el 3,9% sus previsiones para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español este año, si bien ha situado sus estimaciones para la tasa media anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 7,1%.

Así se desprende de su ‘Observatorio Financiero y Claves económicas’ correspondientes al primer cuatrimestre de 2022, presentado este jueves por el presidente del CGE, Valentín Pich, quien ha urgido a impulsar un pacto de rentas en el que “todos” arrimen el hombro: empresas, trabajadores, pensionistas y administraciones.

Y es que Pich ha alertado de que, aunque el crecimiento previsto para España para este año sea superior al de la media de países de la zona euro, aún queda por recuperar un 3,4% del PIB perdido durante la pandemia.

El presidente del Consejo General de Economistas considera que es “probable” que esta recuperación de los niveles previos a la pandemia no llegará hasta finales del año que viene, mientras que algunos países como Francia y Holanda ya lo han hecho, y otros, como Alemania o Italia, están en vías de hacerlo durante este ejercicio.

Así, pese a mantener sus previsiones, los economistas han advertido en su informe que los índices adelantados observados (PMI, ICC, Balty Dry Index, TTF o VIX, entre otros) arrojan un “velo de incertidumbre” sobre la evolución de la economía española en los meses de verano.

No obstante, a tenor de las previsiones contenidas en el Observatorio, el también coordinador del mismo, Salustiano Velo, espera que en el segundo y tercer trimestre la reactivación del turismo sirva de “empuje” a la economía y se dinamicen las exportaciones o sectores como el agrícola.

PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS

Uno de los indicadores que más está reflejando el impacto de la guerra en Ucrania por la invasión rusa es el Índice de Precios al Consumo. Los economistas han recordado que la tasa de variación anual del IPC del mes de abril se ha situado en el 8,3%, nueve décimas más que en la eurozona, mientras que la inflación subyacente se ha situado en el 4,4%, la más alta desde 1995.

De cara a este año, los economistas han elevado hasta el 7,1% su estimación media para IPC anual, aunque creen que terminará el año en tasas en torno al 5%. “El aumento de la inflación se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de las familias”, ha alertado el presidente del Consejo.

De su lado, el CGE ha advertido de que el mercado de la vivienda presenta signos de calentamiento, por lo que se hace necesario diagnosticar los factores que lo producen -tipos de interés, inflación, ahorro durante la pandemia, refugio ante la incertidumbre económica y su posible evolución, para poder evitar la formación de una nueva burbuja.

REBAJA SU ESTIMACIÓN PARA LA TASA DE PARO

La estimación del Consejo General de Economistas es que la tasa de paro se reduzca en los meses de verano y se sitúe en torno al 13,2% a final de año, tres décimas menos respecto a sus anteriores estimaciones.

Por su parte, prevén que el déficit cierre en el 5,3% del PIB a final de año, tres décimas más respecto a las estimaciones del Gobierno, y señalan que la deuda pública terminará 2022 en el 116,5%, más que el 115,2% que estima el Gobierno.

Durante la presentación del Observatorio Financiero, el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, ha alertado de que “la situación es preocupante, con un déficit estructural del 4%. “Se hace necesario un control eficiente del gasto, que actualmente crece por encima del PIB”, ha reclamado.

Esto contrasta, según Pedraza, con las medidas adoptadas esta semana en relación a la oferta de empleo público. Sin embargo, los economistas han reclamado incentivos también al sector privado, que en muchos casos, sobre todos las pymes, se han visto muy afectadas por el incremento del coste de la energía y también por el aumento de salarios –como consecuencia de incremento de salario mínimo interprofesional– y se han visto obligadas a trasladar esos incrementos a sus precios.

“Ya veníamos avisando del peligro de que se desencadenase una espiral inflacionista, a la vista de la evolución de la inflación subyacente, afectando al consumo y a la inversión”, ha señalado Pedraza.

Además, los economistas han criticado la “no concreción” de las necesarias reformas e impulsos claves para la economía, como son el pacto de rentas, la ejecución de los fondos europeos, los efectos reales de la reforma laboral o la nueva política monetaria.

PLANTEAN ACTUALIZAR LOS PGE, REBAJAR EL IVA Y DEFLACTAR IRPF

Con toda esta situación, los economistas insisten en que el contexto actual requiere de ese esfuerzo común, que trate de frenar la espiral entre precios y salarios.

En concreto, del lado de los salarios, el CGE plantea limitar el crecimiento de los mismos, tanto por el lado de las diferentes Administraciones Públicas como del sector privado a tasas inferiores a la de la inflación general. Por el lado de las pensiones y dada la relevancia de estas rentas, los economistas ven “sensato” incluirlas, al nivel que corresponda de forma equitativa, en las propuestas de moderación.

En cuanto los alquileres y ante la rápida escalada de precios, los economistas han planteado que temporalmente podrían utilizarse otras referencias más contenidas que el IPC para su actualización, como el nivel subyacente, o el IGC utilizado actualmente para los casos en que no se especifica contractualmente el tipo de actualización.

Desde la perspectiva empresarial, los economistas piden quelas empresas no trasladaran todo el incremento de sus costes a precios, lo que supone la consiguiente reducción transitoria de sus márgenes de beneficio.

Desde el ámbito de la administración pública, el CGE propone una actualización de los Presupuestos Generales del Estado a la situación actual, con la consiguiente reasignación a partidas fiscales, sociales y del empleo, desde un análisis pormenorizado y trasvase del denominado gasto improductivo.

Además, en cuanto al ámbito fiscal, los economistas apoyan bajar el IVA sobre los consumos especialmente afectados por esta situación, afectados, como los energéticos, devoluciones mensuales del IVA, reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos o crear planes para la devolución temporal de los impuestos especiales.

Otro aspecto de relevancia para los economistas es la corrección de la inflación en la recaudación de los impuestos progresivos, especialmente en el IRPF. En este sentido, creen que habría que deflactar las tarifas del IRPF que gravan la renta general -estatal y autonómicas- a un porcentaje similar al de la subida de rentas que se grava -fundamentalmente salarios, rendimientos de actividades económicas y del capital inmobiliario- así como corregir al alza otros parámetros del impuesto, como los que regulan algunas reducciones o los importes de dietas y gastos de kilometraje.