En una carta al presidente del Ejecutivo, los profesionales del sector reclaman un pacto de Estado para el problema de la vivienda
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) ha pedido en un carta abierta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la inversión del Estado que respalde los Planes de Vivienda sea del 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones de euros.
“Necesitamos presupuestos estatales que respalden los planes de vivienda y las leyes que se promulgan. Las leyes sin los fondos económicos que las sustenten son puras quimeras… Basta con analizar la gráfica histórica de inversión en vivienda para darse cuenta de que, sin incluir los fondos europeos ‘Next Generation’, el esfuerzo presupuestario anual se sitúa en un importe de tan solo 1.000 millones de euros”, explica el presidente de la asociación, Gerard Duelo Ferrer.
En esta misma misiva, el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ha manifestado que la “grave situación que sufre el sector de la vivienda es consecuencia de políticas no implementadas o erróneas durante muchas décadas atrás”.
“Las políticas en materia de vivienda deben planificarse a 15 o 20 años, y no basarse en medidas cortoplacistas, generalmente limitadas a los intereses más inmediatos de quien gobierna”, añade.
Asimismo, en la carta alerta de que son pocos los recursos estatales que se destinan al mercado de la vivienda. “Un hecho tan dramáticamente significativo como el de encontrarnos en el grupo de cola de los países de Europa en construcción y presupuestos estatales de Vivienda de Protección Oficial (VPO), debería sensibilizar mucho más a un gobierno progresista”, ha indicado.
Por ello, ha señalado que “disponer tan solo del 1,5% de vivienda de protección oficial, cuando la media europea (UE-28) es del 9,3%, es lamentable. Hay países como Holanda, con gobiernos conservadores, que superan el 30% en vivienda de promoción pública”.
Para lograr revertir la situación, el presidente de los API propone un gran pacto de Estado. “Se deben poner en marcha tanto políticas de promoción de vivienda asequible y social como de transformación y activación del suelo público, cuestiones que la nueva Ley ni incentiva ni aborda suficientemente”, apunta.
Por último, advierte de que sin este pacto de Estado “no habrá sólidas alianzas público-privadas, indispensables para construir esos mínimos necesarios para evitar que las generaciones venideras se vean abocadas a retrasar aún más su emancipación o, incluso, se vean en situaciones de extrema precariedad”.
