Los 27 acuerdan acelerar la concesión de autorizaciones para proyectos de la red europea de transportes

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

Los gobiernos de la Unión Europea han acordado este lunes una normativa que busca acelerar la construcción de la red transeuropea de transportes mediante una simplificación de los procedimientos de contratación pública y autorizaciones para proyectos.

La red transeuropea de transporte (RTE-T) está compuesta por una doble estructura: la red global, que persigue la conectividad de todas las regiones de la UE y que debe completarse para 2050; y la red básica, que comprende aquellos elementos de la primera que son “de máxima prioridad estratégica para la UE” y debe finalizarse para 2030.

Sin embargo, la diversidad y la complejidad de los procedimientos de concesión de autorizaciones de los Estados miembros “pone en peligro” el cumplimiento de los plazos y “en muchos casos da lugar a retrasos considerables y a un aumento de los costes”.

En consecuencia, la directiva que ha sido respaldada por los Veintisiete este lunes “se propone abordar estas cuestiones y hacer posible que se complete de manera sincronizada la RTE-T dentro de plazo mediante una actuación armonizada”.

Así, la normativa establece que cada uno de los Estados miembros tendrá que nombrar una autoridad nacional que actúe como “punto de contacto” para cada promotor de proyecto, al que dará “orientaciones” sobre los documentos que debe presentar. Los países podrán designar la misma autoridad para todos los proyectos o una para cada categoría, forma de transporte o área geográfica.

Además, los Estados miembros tendrán que fijar un procedimiento de concesión de autorizaciones que incluya sus propios plazos y no podrá exceder los cuatro años a partir de su inicio. Este plazo máximo podrá ser prorrogado en dos ocasión aunque con causas “debidamente justificadas”.

La directiva podrá aplicarse a los proyectos que formen parte de las secciones predeterminadas de la red básica y a otros proyectos de corredores de la red básica con un coste que supere los 300 millones de euros.

No obstante, quedarán excluidos los proyectos relacionados exclusivamente con aplicaciones telemáticas, nuevas tecnologías e innovación “por cuanto su despliegue no está limitado a la red básica”. En cualquier caso, los Estados miembros podrán aplicar esta directiva a otros proyectos de la red básica y global a fin de “lograr un enfoque armonizado”.

Tras la luz verde de los Veintisiete, la normativa debe ser adoptada ahora por el Parlamento Europeo antes de que pueda entrar en vigor. Después, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para trasladar las normas a sus legislaciones nacionales.