MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Las recuperaciones reconocidas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por sentencia firme ascienden hasta la fecha a 270 millones de euros.
Así lo señala el FROB en su Memoria de Actividades de 2021, donde explica que “continúa con su labor de persecución y penalización de aquellas conductas irregulares que fueron detectadas en el seno de las distintas entidades de crédito receptoras de ayudas públicas”.
A lo largo del ejercicio, el FROB ha mantenido su personación en las 20 causas penales que siguen pendientes contra numerosos ex directivos de distintas entidades.
El organismo destaca que la mayoría de las causas están ya muy avanzadas, a excepción de un único proceso que aún se mantiene en esa fase debido a la elevada complejidad de la causa.
De los 19 procedimientos restantes, un total de nueve procedimientos se encuentran pendientes de celebración de juicio oral, tres de los cuales tienen fecha señalada de celebración y los otros seis están pendientes de señalamiento.
En el contencioso administrativo, ya no queda ningún recurso pendiente de los originados por las acciones dirigidas contra las actuaciones llevadas a cabo por el FROB en procesos de reestructuración y resolución que fueron desarrollados bajo el marco y las competencias de la derogada Ley 9/2012.
La memoria señala que todos los pronunciamientos judiciales obtenidos en dichos procedimientos ratificaron la legalidad y conformidad a derecho de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el FROB al amparo del marco.
Paralelamente, siguen su curso los múltiples recursos contencioso-administrativos que fueron interpuestos frente a la actividad administrativa desarrollada por el FROB en el marco de su nuevo régimen de actuación.
En concreto, sigue pendiente la tramitación de los numerosos procedimientos mediante los que se recurre la Resolución de la Comisión Rectora del FROB de fecha 7 de junio de 2017, por la que se acordó adoptar “las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la JUR sobre la resolución del Banco Popular”.
También continúan suspendidos todos los recursos contencioso-administrativos admitidos por la Audiencia Nacional, en espera de que recaiga resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la Decisión de la JUR, así como el procedimiento relativo al recurso interpuesto por el FROB frente a una Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la que el Consejo estimaba parcialmente el acceso a determinada información al amparo de la Ley de Transparencia.
TRES NUEVOS PROCEDIMIENTOS
La memoria destaca tres nuevos procedimientos iniciados en esteejercicio: un recurso interpuesto frente a la inadmisión de una solicitud de revisión de oficio y declaración de nulidad de un acto administrativo; un recurso interpuesto frente a la Resolución de la Comisión Rectora del FROB que resolvía sobre una solicitud de acceso a información al amparo de la Ley de Transparencia, y un tercer recurso también frente a la Resolución de la Comisión Rectora del FROB que resolvía sobre una solicitud de acceso a información.
En el ámbito civil-mercantil, el FROB menciona que los litigios que seguían activos estaban relacionados con procesos en lo que se solicitaba la nulidad de los contratos de compraventa de acciones de entidades en reestructuración o resolución a un tercero, así como los de cesión de negocio.
Son procedimientos iniciados en ejercicios anteriores, cuales cuentan ya con sentencias favorables y firmes respecto de los que se está tramitando el cobro de las costas reconocidas en diversas instancias.
Otro de los segmentos está relacionado con las entidades adquirentes en tales procesos de resolución, así como el efecto de la sobrevenida nulidad de las cláusulas suelo en dichas adquisiciones. Concretamente, se trata de tres procesos que se hallan pendientes de resolver por el Tribunal Supremo ante los diversos recursos de casación y/o revisión planteados de contrario.
A estos se suman otros dos procesos. Uno está relacionado con discrepancia sobre el impacto económico derivado de la modificación del perímetro inicialmente segregado de una entidad en resolución posteriormente transmitida a la entidad demandante, y otro a la discrepancia sobre si la pérdida derivada de la liquidación de un fondo sobre dos activos incluidos en perímetro ha de estar cubierta o no por el esquema de protección de activos.
La memoria añade una nueva demanda civil al final de 2021 en la que se reclaman los daños producidos por la inundación de un inmueble cuyo procedimiento se sigue en Benidorm y respecto de la que está aún pendiente de realizarse el emplazamiento para la contestación a la demanda.
“Podemos seguir asegurando que las perturbaciones (económicas) alcanzan al sector bancario español en mucha mejor situación que en el pasado, con una situación sólida y una demostrada capacidad de resistencia que nos permite afrontar estos nuevos retos para la estabilidad financiera con confianza, aunque siempre desde la prudencia que forma parte del ADN de las autoridades de resolución”, ha destacado la presidenta del FROB, Paula Conthe.
