La superficie dedicada al cáñamo se multiplica por ocho en los últimos cinco años en España

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La superficie dedicada al cultivo del cáñamo va en ascenso en España, ya que se ha multiplicado por ocho desde 2016, pasando de las 61 hectáreas a las 510 hectáreas actuales, según los datos de 2020 del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre superficie de ‘cáñamo para fibra’, declarada en la solicitud única de la PAC.

El Ministerio de Agricultura ha señalado que a pesar de que aún se trata de una extensión pequeña dentro de los cultivos industriales, el interés por esta producción es creciente.

De esta forma, el Departamento ha publicado una nota informativa relativa a los principales condicionantes de esta actividad agraria para informar a agricultores y técnicos sobre las finalidades permitidas, la normativa aplicable y las obligaciones existentes para los cultivadores.

El cáñamo, que pertenece a la familia Cannabis sativa L., se ha cultivado a lo largo de la historia como fuente de fibra para uso textil o papel, para la obtención de productos alimentarios, con fines medicinales o para usos cosméticos.

Sin embargo, debido a la posible presencia de principios estupefacientes en la planta de cannabis, el productor de cáñamo debe ser plenamente consciente de la normativa aplicable en torno a su cultivo, de qué finalidades se encuentran permitidas y de las obligaciones que tiene que cumplir.

Unas cuestiones que son de gran relevancia, dado que esta actividad puede llegar a tener consecuencias, incluso de carácter penal, en el caso de incumplimiento de la normativa en materia de estupefacientes.

Agricultura ha señalado que se ha detectado un interés creciente por este cultivo y, en particular, por su contenido en cannabidiol (CBD), un fitocannabinoide extraído de esta planta cuya obtención está sujeta a restricciones normativas que están provocando una multiplicación de las consultas existentes en torno al cultivo.

El texto se ha elaborado en colaboración con las administraciones agrarias de las comunidades autónomas, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), perteneciente al Ministerio de Sanidad, y con la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.