La SEPI completa el desembolso de la ayuda a Plus Ultra con la entrega de los 34 millones pendientes

Nombra a su directora económica-financiera observadora en los órganos de gobierno de la compañía aérea

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha procedido este martes al desembolso de los 34 millones de euros comprometidos con Plus Ultra en su plan de viabilidad, una vez que el juzgado de instrucción número 15 de Madrid autorizó este lunes la entrega del dinero en forma de préstamo participativo.

Con este desembolso se cumple lo previsto en la concesión de la ayuda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo. La ayuda completa suma un total de 53 millones de euros, 19 millones canalizados a través de préstamo ordinario y 34 millones de un préstamo participativo, que la aerolínea deberá devolver siguiendo las condiciones del contrato suscrito con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La SEPI señala que el desembolso completo de la ayuda puede permitir a esta compañía el cumplimiento de su plan de viabilidad y, como menciona el auto judicial de este lunes, “evitar un riesgo de insolvencia definitiva que la hubiera obligado a dejar de operar generando un evidente perjuicio a sus clientes y acreedores”. La entrega de la totalidad de la ayuda, según el auto, facilitará la devolución de los préstamos a la Administración.

Una vez completado el desembolso previsto, el Fondo de Solvencia ha designado este mismo martes a María Jesús Álvarez, directora económico-financiera de SEPI, como observadora en los órganos de gobierno de la compañía aérea, por lo que cumple el acuerdo por el que se le concedió el apoyo financiero temporal, que abarca también el trabajo desarrollado hasta ahora por SEPI dentro de la correspondiente comisión de seguimiento.

Además del auto de este lunes, otras resoluciones de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o el propio Tribunal de Cuentas, que el pasado 26 de julio archivó la investigación abierta, consideran que se trata de una ayuda “justificada que cumple con la normativa y que va a estar sometida a una fiscalización rigurosa a través de los pertinentes mecanismos de control ya existentes”.