BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)
El desembolso de 12.000 millones de euros en ayudas del fondo de recuperación para España previsto para mediados de 2022 depende en gran medida de las reformas más importantes del mercado laboral que el Gobierno se ha comprometido a acometer con la Comisión Europea, entre ellas la reducción del número de contratos para atajar la temporalidad o la modernización de la negociación colectiva.
Con el visto bueno del Ejecutivo comunitario, el plan español de recuperación todavía debe ser aprobado por el resto de Estados miembros. Superado este paso, España podría empezar a recibir las ayudas europeas con un anticipo de 9.000 millones de euros antes del receso de verano.
Este será el único desembolso que no estará sujeto a una serie de metas y objetivos pactados con Bruselas puesto el resto de los pagos dependerán del cumplimiento de hitos incluidos en dicho plan. Por ejemplo, los 10.000 millones de euros que se esperan antes de que acabe 2021 depende del la consecución de 50 metas.
El previsto para mediados de 2022 será el mayor pago que reciba España en los cinco años de vida del fondo anticrisis de la UE y ascenderá a 12.000 millones de euros. Para desbloquearlo, España tendrá que cumplir los 40 hitos y objetivos que ha pactado con las autoridades europeas y las reformas del mercado laboral jugarán un papel crucial.
En total, siete de las 18 medidas incluidas en el componente laboral del plan de recuperación del Gobierno deben estar adoptadas a finales de este año para que Bruselas pueda verificar su cumplimiento antes de autorizar el pago de los 12.000 millones.
En este grupo se encuentran algunas de las más importantes, como la reducción del número de contratos para atajar la temporalidad y generalizar el uso del contrato indefinido y la conocida como ‘ley rider’ para regular el trabajo de repartidores a domicilio para plataformas digitales.
Además, otras tres reformas que están sujetas a las negociaciones a tres bandas entre el Gobierno, sindicatos y patronal también deben estar adoptadas a finales de año. Se trata de la modernización de la negociación colectiva, el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y recualificación de trabajadores en transición y la adopción de la Estrategia Española de Activación del Empleo para el periodo 2021-2024.
La Comisión Europea ha dado luz verde al plan consciente de que estos cambios no están definidos todavía y argumenta que dejar espacio a las negociación con los agentes sociales es “una buena razón”. “Tener consenso es vital para un despliegue exitoso” de las reformas, han afirmado fuentes comunitarias.
Por último, el desembolso de mediados de 2022 depende también de la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales y de que antes de que acabe el año se hayan beneficiado al menos 68 proyectos territoriales de un programa de ayudas públicas para el reequilibrio y la equidad.
VINCULACIÓN DE PENSIONES AL IPC
Pero las medidas del ámbito laboral no son las únicas que desbloquearán el desembolso de 12.000 millones a mediados de 2022. Entre los compromisos que ha adquirido el Gobierno para obtener este tramo también se encuentra la vinculación de las pensiones con el IPC para mantener el poder adquisitivo y la alineación de la edad efectiva y legal de jubilación.
Son, en particular, los dos primeros bloques que componen la reforma de las pensiones y el calendario acordado con Bruselas exige que a finales de este año se adopten provisiones legales que indiquen la entrada en vigor en el futuro en ambos casos.
Para un año después (cuatro trimestre de 2022) quedan la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional.
