La Plataforma contra la Morosidad niega que las pymes necesiten financiación extra con el nuevo Reglamento UE

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha defendido el plazo máximo de pago a proveedores de 30 días que exigirá el futuro Reglamento de la Comisión Europea asegurando que si las pymes cobran en plazo, no necesitarán financiación extra.

En un comunicado, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha señalado que millones de autónomos y pymes se beneficiarán de esta medida y ha negado que el nuevo reglamento europeo de morosidad vaya a suponer un coste para las pymes.

De esta manera, ha contestado a la patronal Eurocommerce, quién aseguró que bajar el plazo máximo de pago a proveedores a 30 días supondría un coste financiero de 150.000 millones de euros y lo tendrán que asumir las pymes.

Cañete ha tildado de “irreal” lo dicho por la patronal del sector retail y ha apuntado que las pymes, en el momento en el que cobren en plazo, no van a necesitar esa financiación, ni financiar su circulante, ni descontar ‘confirming’ a 140 días.

Además, ha aseverado que los plazos del ‘confirming’ “nunca” están dentro de los 60 días legales, y que quien tiene acceso a emitir ‘confirming’ son las empresas de mayor tamaño, no las pequeñas. También ha recordado que las medidas antimorosidad que rechaza el sector del retail se están tomando para toda la Unión Europea, en Estados Unidos y en otros países occidentales.

Respecto a las declaraciones de Eurocommerce sobre que no hubo consulta previa para la modificación de la normativa contra la morosidad, la PMcM ha confirmado que sí que hubo una consulta pública para que participaran tanto los ciudadanos como las partes interesadas.

“Es inadmisible que se viertan este tipo de acusaciones infundadas, tratando de deslegitimar a una institución que está actuando con total transparencia, y tratar de confundir a la sociedad sobre quién obtiene el beneficio de los largos plazos de pago”, ha lamentado Cañete.

El nuevo Reglamento europeo, que será de obligado cumplimiento, prevé sancionar a las empresas y administraciones públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo de 30 días.