La Plataforma contra la Morosidad advierte del cierre de empresas si se permite pactar pagos de deuda

Propone a los partidos medidas urgentes contra la morosidad para evitar la destrucción de empresas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) ha advertido de que el regreso del ‘pacto de las partes’ permitiría alargar los plazos de pago en conveniencia del más fuerte, lo que conllevaría el cierre miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.

Por ello, ha traslado a los partidos políticos, de cara a las elecciones generales del 23 de julio, una batería de propuestas “vitales y urgentes” contra la morosidad para evitar el cierre de empresas durante la próxima legislatura, y ha confiado en que “se posicionen claramente si están en contra de la lacra de la morosidad”.

La plataforma también ha indicado que la convocatoria electoral ha truncado el avance en la tramitación de un régimen sancionador cuyo fin era reducir la morosidad en operaciones comerciales.

“Se trata de la segunda vez que decae, en esta ocasión habiendo acumulado más de 90 prórrogas, a pesar de que su toma en consideración fue aprobada por unanimidad en 2020. No se entiende cómo no habiéndose manifestado nadie en contra, no haya salido adelante; esto nos hace pensar que nuevamente se imponen los intereses de unos pocos”, denuncia el presidente de la PMCM, Antoni Cañete.

La PMCM también ha trasladado esta petición del régimen sancionador a la Unión Europea para que lo incluya en la nueva directiva europea que están terminando de perfilar.

Así lo ha reclamado su presidente, Antoni Cañete, durante la jornada celebrada en el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas, y que organizó junto a Pimec y la patronal italiana Confartigianato.

“Debemos disponer ya de una ley en nuestro país que realmente solucione este problema y para ello es imprescindible la implicación de los partidos políticos, que además deberían garantizar la independencia del futuro Observatorio de la Morosidad (que ya tendría que haberse constituido), que la factura electrónica no suponga un aumento de costes empresariales, y que los morosos no puedan acceder a subvenciones públicas”, ha indicado Cañete.