Lo considera “ilegal” y “contrario a la competencia”, aunque Sanitas defiende que “cumple con la legalidad”
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha anunciado este jueves que interpondrá una denuncia contra Generali y Sanitas ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) al considerar que el acuerdo de gestión de pacientes y hospitales suscrito entre ambas compañías en octubre de 2022 es “ilegal” y “contrario a la competencia”.
En un comunicado, la patronal de la sanidad privada ha indicado que tras haber intentado “sin éxito” establecer un diálogo con ambas compañías, a las que se dirigió por escrito el pasado 3 de mayo, presentará ante la CNMC la “oportuna demanda y/o denuncia” que corresponda por infracción de las normas de competencia.
ASPE ha afirmado que ha solicitado “en reiteradas ocasiones”, tanto a Sanitas como a Generali, información sobre el acuerdo firmado por ambas para poder conocer y valorar las consecuencias que el mismo tendrá sobre los centros médicos afectados y poder abordar una posible negociación.
En concreto, la patronal de la sanidad privada remitió a ambas compañías el pasado 3 de mayo un escrito exigiendo que cesasen en su conducta y cumplieron los acuerdos de prestación de servicios suscritos con los hospitales en sus propios términos, y les dio un plazo de respuesta hasta ayer, el 17 de mayo, antes de la interposición de acciones legales.
“La falta de respuesta de ambas aseguradoras a todos nuestros requerimientos y a los de los hospitales para conocer los detalles del acuerdo nos reafirma en que este acuerdo vulnera potencialmente los derechos de los operadores sanitarios en la aplicación de preceptos normativos vigentes”, ha subrayado la patronal, para quien “no es admisible” que sus asociados se vean obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles las condiciones económicas concertadas con Sanitas.
En opinión de ASPE, esta práctica es contraria a ley, ya que les “impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad”, en palabras del secretario general de la patronal, Luis Mendicuti.
Desde ASPE, han criticado que ambas compañías aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales y el pago de estos, acordados previamente entre Generali y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasarían a ser gestionados por Sanitas, resolviendo así “de forma unilateral” los contratos suscritos.
ASPE ha insistido en que, según este acuerdo, en vigor desde el 1 de enero, los centros sanitarios “se ven obligados” a asistir a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas para atender a los asegurados de Sanitas.
“Entre otras consecuencias, el principal de los efectos de esta estrategia de imposición unilateral es que permite recortar a Generali un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas, que hace así abuso de una posición de dominio en la negociación, de la que carecería Generali”, han explicado la patronal al respecto.
ASPE y los distintos proveedores sanitarios solicitaron a ambas aseguradoras ya en diciembre de 2022 las condiciones específicas del acuerdo, pero acusan a ambas compañías de “haber ocultado las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe”.
“CONDICIONES IMPUESTAS DE MANERA UNILATERAL”
De la misma forma, la patronal ha indicado que a esta “falta de transparencia”, se une una “importante confusión en el mercado”, no sólo a nivel de gestión de centros sanitarios, sino también de los propios pacientes de Generali, que desconocen las consecuencias del acuerdo sobre el cuadro médico y de servicios de los que ahora disponen.
“Esta imposición unilateral, realizada además con ocultación del contenido del acuerdo, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercitar sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa –la que tenían concertada con Sanitas– que no es la que se había acordado para los asegurados de Generali”, ha concluido el dictamen jurídico encargado por ASPE.
La patronal también lamenta que esta acción por parte de Generali y Sanitas se ha llevado a cabo “de forma unilateral e impositiva”, sin tener en cuenta un “necesario consenso” con los centros sanitarios afectados, simplemente comunicándoles, tanto por Generali como por Sanitas, que el contrato anterior quedaba fuera de vigor, siendo sustituido por un nuevo contrato que establece nuevas condiciones no pactadas.
SANITAS: “CUMPLE CON LA LEGALIDAD EN TÉRMINOS DE COMPETENCIA”
En respuesta a la patronal de la sanidad privada, fuentes de Sanitas han defendido a Europa Press que el acuerdo “cumple con la legalidad en términos de competencia”, y han añadido se ha informado con “transparencia tanto a los clientes, los principales beneficiados de este acuerdo, como a los médicos y centros hospitalarios”.
De la misma forma, aseguran que Generali y Sanitas “mantienen una oferta diferenciada” pese a las críticas de ASPE. “Generali continúa comercializando su oferta de salud propia, a través de su red de mediadores como hasta la fecha, y sus clientes se beneficiarán del acceso a los más elevados estándares de gestión de la salud con Sanitas”, han asegurado desde esta última.
Por último, la compañía detalla que se trata de “un acuerdo de reaseguro” de prestación de servicios por el que los 150.000 asegurados de salud de Generali “se benefician ahora de los servicios médicos que presta Sanitas con sus propios médicos y hospitales y su amplio cuadro médico”. “Se ha ampliado en un 43,4% por ciento el cuadro médico a disposición de los clientes de Generali”, remachan.
