La mejora de la calidad institucional en comercio supone una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC, según IEE

Además, puede motivar un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones de euros al año

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La mejora de la calidad institucional en el sector del comercio puede suponer una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC, circunstancia que sería especialmente beneficiosa en la actual coyuntura económica, según ha estimado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que ha precisado que dicha mejora se traduce en una reducción de los costes y, por lo tanto, en una palanca de rebaja de los precios al consumo.

Asimismo, según el IEE, esta disminución de costes podría suponer un aumento significativo en la inversión en el sector y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas.

Además, la mejora de la calidad institucional no solo mejora la renta de las familias y el desempeño del sector, sino que también se ha estimado que puede suponer un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones de euros al año.

El IEE ha estimado en un 0,8% del PIB la pérdida de bienestar que supone para la economía española la deficiente calidad institucional en la regulación del comercio y que la supresión de estas disfunciones podría aumentar la renta familiar por hogar al año en un orden de 470 euros.

Así se desprende del informe ‘La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social’, presentado por el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, en el cual se destaca la importancia que tiene el sector del comercio en cualquier economía moderna.

Por ello, según el IEE, las administraciones públicas deben tener como objetivo prioritario de política económica conseguir una regulación y unas condiciones de mercado que promuevan la eficiencia del comercio, a lo que se suma la necesidad de establecer un marco regulatorio que promueva la inversión y la innovación en el sector.

En este mismo sentido, según el IEE, hay una creciente evidencia empírica que muestra que la calidad regulatoria de las actividades económicas es de vital importancia para la prosperidad económica, ya que condiciona, en gran medida, el crecimiento económico, el nivel de empleo y la productividad de los factores de producción.

También se pone de manifiesto la necesidad de que España mejore su calidad institucional, como requisito esencial para conseguir nuevos progresos en el ámbito económico.

En concreto, el documento apunta que España tiene una posición muy deficiente en “la carga de la regulación gubernamental”, situándose en la posición 114 de 141 países.

UNO DE LOS PAÍSES CON MAYORES NIVELES DE CARGA REGULATORIA

De hecho, según el IEE, es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria, con un exceso normativo y una deficiente calidad institucional.

En la regulación aplicada al sector del comercio, España tiene una regulación peor que la de su entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE.

En el caso concreto de España, la regulación del comercio se valora como más desfavorable que la normativa general y con una tendencia de deterioro de los últimos años.

Las principales cargas administrativas y requerimientos regulatorios del sector del comercio que se han identificado en el estudio son: trámites relativos a la lentitud y dificultad de concesión de licencias, costes operativos, de aprovisionamientos y de gestión, gestión de residuos y hurto multirreincidente.

En este contexto, entre las recomendaciones del IEE para mejorar la regulación del comercio en España figuran la mejora de la eficiencia en los procesos administrativos, con un acceso más directo a los técnicos para conocer, de primera mano, las mejoras y los cambios que se deben realizar en los proyectos para la obtención de licencias y permisos, así como agilizar su tramitación, la reducción de los plazos administrativos, la conveniencia de instaurar una moratoria en el nuevo impuesto relativo a los plásticos de un solo uso o mejorar los accesos al centro de las ciudades.