La Ley que permite que las VTC sigan operando en octubre entra en vigor mañana en la Comunidad de Madrid

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este lunes el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad que permite que las VTC sigan operando en octubre, y entrará en vigor a partir de mañana.

El pasado 2 de junio la Asamblea de Madrid aprobó esta modificación de la normativa con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, debatida por tramitación directa y lectura única. Consiste en que las VTC puedan seguir operando llegado este mes, sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas, tras la finalización de los periodos temporales previstos en el Real Decreto Ley 13/2018″.

Con esta modificación, se creará una nueva autorización para la actividad de arrendamiento de coches con conductor y se modifica el nombre del capítulo III de la Ley que pasa a denominarse Transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor.

Del mismo modo, regulará la circulación en automóviles de turismo y la actividad de alquiler con dos nuevos artículos, a través de los cuales se fija que se podrá denegar una nueva licencia cuando se supere el porcentaje 1/30 entre las autorizaciones para esta modalidad, y las otorgadas para autotaxis, y se remite a desarrollo reglamentario el establecimiento de determinados requisitos y condiciones necesarios para la prestación de este servicio.

Por otro lado, se modifica artículo 16.1, que determina la no aplicación de las disposiciones sancionadoras en materia de alquiler de vehículos con conductor introducidas por la Ley 13/2021, por la que se modificó la Ley 16/1987.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ya anunció que llevará a los tribunales la modificación de la Ley por ser “el atropello definitivo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a un sector que ofrece un servicio público y del que dependen 25.000 familias de autónomos y trabajadores que ha abandonado a su suerte para favorecer a corporaciones con las que tienen mayor interés”.