La Ley de Vivienda reducirá “drásticamente” la oferta de alquiler, según la Agencia Negociadora del Alquiler

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) afirma que la nueva Ley de Vivienda provocará una reducción “drástica” de la oferta en el mercado del alquiler, entre otros doce “efectos indeseados” que ha detectado la organización.

El director general de ANA, José Ramón Zurdo, ha afirmado que la nueva Ley de Vivienda va a ser “nefasta”, no solo para los arrendadores, sino también para inversores, promotores y los propios arrendatarios.

Zurdo añade que estos “efectos negativos” sobre el mercado del alquiler ya los han observado durante los últimos dos años con los decretos ley que se han ido aprobando.

ANA explica que todas las medidas que contiene la ley “van en contra de los arrendadores e inversores”, que son los únicos que pueden generar oferta. También apunta a que afectará negativamente a los promotores inmobiliarios y que la cantidad de limitaciones impuestas provocarán que “no les salgan los números” a los inversores.

La organización incluye como otro posible efecto negativo la desaparición de algunas agencias inmobiliarias que se dediquen al mercado del alquiler, pues “no podrán cobrar sus honorarios a los inquilinos”. Apuntan, a su vez, a que una de las opciones posibles será cargar esos honorarios a los arrendadores.

Tras la puesta en marcha de la ley, podría aumentar la inseguridad jurídica de cara a que un arrendador tenga que recuperar su vivienda por impago de un inquilino, como apunta también la nota publicada este martes por ANA.

Además, los inquilinos también se podrían ver perjudicados por las limitaciones que se imponen a los propietarios, pues estos podrían “endurecer enormemente” los requisitos de acceso a la vivienda que ofrecen.

ANA señala que la Ley de Vivienda podría llevar a que el mercado del alquiler se desplace hacia otros tipos, como el turístico o el de locales, y habrá un trasvase hacia la compraventa.

También existe la posibilidad de que se produzcan “desigualdades económicas y sociales” entre zonas y comunidades autónomas que quieran aplicar o no la nueva normativa.