La Fiscalía de Barcelona denuncia a un excargo de la Generalitat por autorizaciones ambientales a Lafarge

Presuntamente volvió a conceder autorizaciones anuladas por la Justicia

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Barcelona ha denunciado al exjefe del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la antigua Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat catalana, Emili Dragone, por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada a la fábrica de Lafarge en Montcada i Reixac (Barcelona).

En el texto de la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona, consultada por Europa Press este jueves, la Fiscalía apunta a un presunto delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Por ello, ha solicitado que se investigue para esclarecer los hechos y, además de pedir tomar declaración al investigado, pide también que declaren como testigos la exdirectora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran; el exsecretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Joan Enric Llebot; la exdirectora general de Calidad Ambiental, Mercè Rius, y la exsecretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marta Subirà.

El fiscal expone que Dragone dio en 2008 una declaración de impacto ambiental a Lafarge que más tarde anuló el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque se había omitido “un requisito esencial y de entidad, legalmente exigido”

Dragone supo que la decisión judicial era firme y, en 2015, “lejos de promover el inicio de un nuevo procedimiento administrativo de autorización ambiental de la actividad correspondiente a esa empresa cementera, como secretario de la ponencia ambiental propuso, sin más, la publicación” de la misma declaración de impacto ambiental de 2008.

Al hacerlo era consciente de que “de ese modo se acabaría otorgando, como así sucedió, una autorización ambiental de esa actividad en ese año 2015 que se amparaba en una declaración de impacto ambiental totalmente obsoleta, realizada en el año 2008”.

CAMBIOS EN LA NORMATIVA

Además el fiscal añade que en ese lapso de tiempo la empresa “había experimentado diversas modificaciones no sustanciales en su actividad desde el año 2009 al 2015 y que desde ese año 2008 se habían dictado leyes, reglamentos y disposiciones que no se habían tenido en consideración” al redactar la declaración en 2008, de manera que no ajustaba a las normas en vigor en 2015.

Presuntamente también incorporó en esa nueva autorización todas las resoluciones del Secretari de Medi Ambient desde 2009 a 2015, que habían “quedado ineficaces o inexistentes al ser nula la autorización principal de que dependían”.

En 2019, el TSJC también anuló la nueva autorización de 2015 por las “flagrantes contravenciones, conocidas en todo momento por el denunciado”, y en 2021 el Tribunal Supremo (TS) declaró firme la decisión.

Mientras este procedimiento judicial seguía su curso, Dragone presuntamente promovió la renovación de la autorización de 2015 para ajustarla a normativa europea para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, y el TSJC también anuló esta renovación y el TS hizo firme la sentencia.