La decisión del TJUE sobre el Banco Popular “despoja a los afectados de su inversión”, según OCU

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado de “nefasta” la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaraba que los accionistas de Banco Popular no pueden reclamar a Banco Santander, y espera que este “fin inesperado” no suponga la imposición de costas en los procedimientos abiertos.

En un comunicado, la organización señala que esta sentencia “priva a la gran parte de los accionistas afectados de poder recuperar su inversión”.

Cabe recordar que el TJUE declaró que la normativa europea sobre resolución se opone a que los accionistas que compraron acciones de Banco Popular antes de su resolución puedan exigir responsabilidad a Banco Santander por la información contenida en el folleto o ejercer una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, lo que daría lugar a la restitución de las cantidades invertidas y de los intereses devengados.

Así, la OCU considera “lametable” que la justicia europea “libre al Banco Santander de pagar todas las indemnizaciones pendientes en los juzgados y avale que los pequeños inversores soporten con sus ahorros las pérdidas en procesos de resolución”.

La organización recuerda que el Banco Popular fue el primer banco que entró en resolución en Europa y que los ahorradores afectados “se tuvieron que dedicar a reclamar judicialmente su inversión, despojando así de sus ahorros a 350.000 inversores”.

Asimismo, se queja de que el TJUE se “ha limitado” a reproducir la opinión del Abogado General, “haciendo caso omiso a las alegaciones presentadas por otras partes interesadas como OCU”, al tiempo que “ha tumbado” todos los procedimientos en curso que a día de hoy no tengan sentencia firme.

OCU espera que los tribunales españoles tengan en cuenta que esta “circunstancia sobrevenida” es “ajena” a la voluntad de los inversores, “de tal forma que el fin inesperado de estos procesos no suponga un daño añadido con la imposición de costas”.

La organización asegura que se trata de una “expropiación de ahorros”, que es “intolerable”, y que “echa por tierra todo el trabajo que lleva realizando durante estos cinco años, por todos los inversores afectados, en general, y en particular por sus socios, para los que ha reclamado judicialmente más de 93 millones euros y de los que solo se podrán recuperar los 1,5 millones de euros que constan en sentencia firme”.