Entre ellas, centros educativos, carreteras, viaductos, líneas de alta velocidad o museos
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El alza del coste de las materias primas ya ha ocasionado la paralización de casi 500 obras por un valor conjunto de 230 millones de euros, a causa de proyectos que han quedado desiertos al no recoger las licitaciones los nuevos precios de los materiales.
Así lo ha identificado la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a partir de la información recabada de las 17 comunidades autónomas, siendo la más afectada Cataluña, con 200 licitaciones desiertas por más de 50 millones de euros.
Por número de procesos paralizados, le siguen Galicia (96), Andalucía (46), Comunidad Valenciana (32) y País Vasco (24). En Canarias, en cambio, no ha quedado ninguna obra desierta.
La obra licitada de mayor cuantía que ha quedado desierta asciende a 37 millones de euros y la cuantía media por obra pública desierta es de 475.000 euros. En total se han contabilizado 484 obras cuya ejecución se ha quedado sin empresas que la asuman, de las que 35, el 7%, tienen un presupuesto superior al millón de euros.
La patronal del sector atribuye este agujero a unos precios “desfasados y muy por debajo de la realidad del mercado”, que no recogen el alza del coste de las materias primas, lo que está provocando “una importante paralización” de la obra pública en el país.
Asimismo, la CNC advierte de que, de no tener en cuenta en los proyectos que se liciten este encarecimiento y en los pliegos algún mecanismo de revisión de precios, se puede poner en peligro la recuperación económica del país, ya que entre los proyectos que han quedado desiertos aparecen obras de centros educativos, carreteras, viaductos, líneas de alta velocidad o museos, entre otras.
Por todo ello, reitera la urgencia de establecer un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a ese sobrecoste y, por tanto, tenga en cuenta las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, buscando dotar de estabilidad a los contratos.
En paralelo, pide introducir en los pliegos los precios de mercado, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público, actualizando los que aparecen en proyectos anteriores a 2020, ya que considera que los proyectos son antiguos y no recogen los precios actuales.
