Solo falta la sentencia que exoneraría a FCC del pago de la multa, una de las 12 empresas que fueron sancionadas en 2021
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha suspendido una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de agosto de 2021 que sancionaba a 12 constructoras con el pago de 61 millones de euros por formar un cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.
En un último auto del pasado 25 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional suspende, en concreto, la ejecución de la sanción a Sacyr Conservación, filial de la constructora, que ascendía a 5,17 millones de euros.
También anula lo relativo a la medida consistente en la prohibición de contratar con la Administración pública, aunque lo condiciona a que la empresa aporte una garantía en forma de aval bancario, una vez que sea aceptada y debidamente constituida en el plazo de dos meses siguientes a la notificación de la firmeza de este auto.
Recientemente, la Justicia también suspendió una sanción interpuesta por la CNMC a otro cártel de constructoras, en este caso uno que alteró durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
En concreto, suspendió la sanción de OHLA, que ascendía a 21,5 millones de euros, aunque el resto de sentencias respecto al resto de constructoras inmersas en este proceso (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr), que acumulaban multas por valor de 182 millones de euros, no tardará en llegar.
PERJUICIO EN LAS CUENTAS
Al igual que OHLA, Sacyr argumentó en su recurso frente a la sanción por el cártel de conservación de carreteras el perjuicio que el pago causaría en sus cuentas: “El importe de la multa excede el importe de la tesorería actual de Sacyr Construcción, por lo que su pago inmediato dejaría a la empresa sin liquidez y con dificultad de acudir a otras fuentes de financiación para hacer frente a ella”, justificaba la empresa en su escrito.
La compañía argumentaba que tenía el compromiso de acometer una serie de inversiones para en 2021, fruto de diversos contratos adjudicados, por lo que el pago de la multa “pondría en riesgo la ejecución de dichas inversiones, con graves consecuencias en los ámbitos contractual y reputacional”.
Previamente a este auto de la Audiencia Nacional, a lo largo del último año, la justicia ha tomado la misma decisión con el resto de compañías sancionadas en el cártel de conservación de carreteras: API, filial de ACS multada con 11,8 millones, Alvac (5,8 millones), Ferroser (Ferrovial, 5,7 millones), Copasa (5,6 millones), Elsamex (4 millones), Innovia (3,3 millones), Aceinsa (3,2 millones), Elsan (OHLA, 3 millones); Acciona (2,3 millones) y Audeca (Elecnor, 2,6 millones).
La única resolución que todavía no se ha publicado es la relativa a la sanción de Matinsa, filial de FCC, cuya multa fue de 8,5 millones de euros.
