Jordi Sevilla y Toni Roldán claman por la transparencia y el consenso político en torno a los fondos europeos

Piden “sacar del debate partidista” los fondos europeos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El director de EsadeEcPol, Toni Roldán, y el ‘senior advisor’ de Contexto Económico en LLYC y exministro socialista de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, han reclamado este viernes consenso político, mayor esfuerzo para mejorar la transparencia y mejor capacidad administrativa de los fondos europeos que recibirá España para hacer frente a la crisis de la Covid-19.

“El éxito en la gestión de estos fondos y en las políticas diseñadas corresponde a una tarea en la que todos estamos llamados a colaborar: gobierno, grupos parlamentarios, administraciones territoriales, interlocutores sociales, empresas, y, por supuesto, sociedad civil”, remarcan en un manifiesto que han lanzado este viernes EsadeEcpol y EY Insights.

Ambas entidades han decidido poner en marcha el ‘Observatorio de Fondos Next GenerationEU’ para tratar de contribuir a lo que consideran que debe ser “un esfuerzo colectivo”.

Para Jordi Sevilla, se debe “sacar fuera” del debate partidista los fondos europeos, al tiempo que cree que deben existir proyectos “federales” que irrumpan en un sector al completo y en varias comunidades, de forma que tenga un impacto transversal.

“Me da miedo que perdamos la ocasión de que al menos una parte de los fondos se apliquen a proyectos federales, que afecten a un sector y varios territorios”, ha remarcado.

En su opinión, se debe crear “un buen marco regulatorio” para la ejecución de los fondos que cumpla con la misión “disruptiva y de reconversión de la economía del país.

“Capacitación administrativa, reformas, transparencia y consensos, son los instrumentales básicos para que estos fondos funcionen”, ha coincidido Roldán.

España será el país que, tras Italia, más recursos reciba de NGEU, con un total de 140.000 millones de euros, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), elemento central de NGEU, dotado con 672.500 millones de euros en forma de subvenciones y préstamos, para apoyar las reformas e inversiones que planteen los diferentes países de la UE.

España, en cumplimiento de las recomendaciones europeas, debería reforzar con su Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia la sostenibilidad del sistema de pensiones; aprobar reformas en el ámbito laboral para el impulso de la contratación indefinida; simplificar el sistema de incentivos a la contratación o corregir la fragmentación e ineficiencias en las ayudas nacionales al desempleo, entre otras reformas.

De su lado, en cuanto a las inversiones, se priorizan, en línea con las directrices comunitarias, la transición energética y la transformación digital.

“El Plan supone para España una extraordinaria oportunidad para reforzar la recuperación, pero sobre todo para impulsar un cambio profundo en su modelo productivo”, ha remarcado Roldán.

SEÑALAN LOS “COMPROMISOS DIFUSOS” DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Entre los ejes principales a abordar del manifiesto también se apunta a la capacitación de la administración pública para responder al reto, con el objetivo de mejorar las probabilidades de éxito del plan y la máxima solvencia técnica en la ejecución.

En este sentido, creen que se debe dotar a las Administraciones Públicas de los medios técnicos y humanos necesarios, lo que incluye el fortalecimiento de equipos profesionalizados, especializados y con experiencia previa en contratación pública pero también avanzar más en la agilización de los procesos, la reducción de trabas burocráticas y la simplificación en los procedimientos de gestión y control de fondos europeos.

De su lado, consideran que se debe hacer una “apuesta genuina” por las reformas estructurales para conseguir que España alcance los niveles de productividad de los países del entorno. No obstante, en el manifiesto se señala que todavía “son difusos” los compromisos en el ámbito de las principales reformas.

Según han alertado, esto es “particularmente cierto” en los ámbitos del mercado laboral, la fiscalidad, las pensiones, el mercado interior y en lo que respecta al impulso del capital humano, en el ámbito educativo, universitario o las políticas activas de empleo.