Reclaman dotar a la Agencia Tributaria de una naturaleza de autoridad administrativa independiente, evitando intervenciones de gobiernos
GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera fundamental la presencia de la Administración Tributaria española en el exterior y el impulso de las relaciones bilaterales con otros países extranjeros para la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Por ello, los inspectores han reclamado el mantenimiento y ampliación de la red de Consejerías de Finanzas de España en el exterior en los Estados en los que los intereses económicos del país sean más relevantes –en lo que a la presencia empresarial española se refiere– como medio para luchar contra el fraude y la economía sumergida.
Así lo exponen en su documento de ‘Propuestas para la reforma de las Administraciones Tributarias’, presentado en el marco del XXXII Congreso de la Asociación, que se celebra este año en Granada.
Los inspectores plantean así que se refuercen las representaciones ante las instituciones u organizaciones multilaterales, a la vez que se extiende la red de consejerías bilaterales “en la forma y modo que mejor convenga a los intereses de la Administración tributaria española”.
“Es crucial para nuestro futuro y bienestar dotar al Servicio Exterior español de medios y recursos similares a la media de los países de nuestro entorno”, han reiterado los inspectores.
Además, consideran que, a fin de preservar la calidad de los servicios, es “imprescindible” la reserva de puestos en el exterior a Inspectores de Hacienda.
“La competencia de los inspectores, con conocimientos de contabilidad, financieros, fiscales y tributarios, de persecución de delitos económicos y técnicas de blanqueo, nos confiere una privilegiada posición para ocupar esta plaza”, han defendido.
ESTATUTO BÁSICO Y MANDATO DE CINCO AÑOS PARA EL DIRECTOR GENERAL
Como en años anteriores, los inspectores han vuelto a reiterar su petición de impulsar un Estatuto básico y dotar a la Agencia Tributaria de una naturaleza de Autoridad administrativa independiente, de modo que el Gobierno y el resto de administraciones carezcan de facultades para intervenir en su dirección.
En este sentido, plantean que el director general de la Agencia, cuyo nombramiento requerirá una mayoría cualificada, tendrá un mandato de cinco años, renovable por otros cinco, y con unas causas de destitución tasadas y reguladas expresamente, y con un Consejo de Gobierno de la Agencia que estaría integrado por representantes de todas las Administraciones Públicas que participen en los ingresos públicos recaudados por la Agencia.
Con todo, los inspectores creen que los órganos rectores de la nueva Agencia Tributaria se reducirían al director general, el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo.
Proponen también crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF), una policía fiscal y una Oficina Nacional de Evaluación de Políticas Tributarias. También abogan por desligar las labores de información de asistencia de las labores de control, y crear dos nuevos departamentos, un Departamento de Asistencia y Servicios Tributarios para facilitar el cumplimiento voluntario de todos los contribuyentes, y un Departamento de Control Tributario y Aduanero que centralice el control. Se impulsarían, en este sentido, Oficinas de Asistencia Integral al ciudadano.
INTEGRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA AEAT Y DE LA TGSS
Sobre las relaciones de la Agencia Tributaria con el resto de administraciones, los inspectores proponen la integración de la gestión recaudatoria de toda la Administración del Estado en un único órgano de recaudación.
La propuesta se dirige a la mejora de la gestión recaudatoria del Estado, entendido en un sentido amplio, con inclusión de la Hacienda Pública Estatal (Administración General del Estado y Organismos Autónomos), Agencias Estatales y otros Entes no empresariales ni fundacionales.
No supondría la creación de un nuevo órgano, ya que se englobaría en el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria. “Otorgar a la AEAT la gestión recaudatoria, supondría ahorro de costes corrientes y de personal, eliminar problemas de coordinación, mayor agilidad de tramitación y eficacia en la gestión de la información”, defienden los inspectores.
Además, la Asociación plantea la integración de las bases de datos de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ya que sería un instrumento imprescindible para luchar contra la economía sumergida, el fraude fiscal y a las cotizaciones a la Seguridad Social, y no sólo para mejorar la recaudación de los tributos gestionados por la AEAT y las cotizaciones a la Seguridad Social.
LIMITACIONES A LAS CESIONES DE COMPETENCIAS GESTORAS A LAS CCAA
La Asociación ha planteado un sistema de integración en red, que permita una gestión de la información conjunta por parte de todos los niveles territoriales de la misma, sin otorgar más capacidad gestora a las comunidades autónomas sobre tributos distintos a los actualmente cedidos, intentando recuperar la gestión de éstos por la Agencia Tributaria.
En opinión de los inspectores, no se debe ceder ninguna nueva competencia gestora en los tributos existentes a las administraciones tributarias de las comunidades autónomas que suponga una pérdida de la eficacia en la lucha contra el fraude y en la dispersión de la información y se debe plantear la recuperación de la gestión de los impuestos cedidos actualmente.
