Hacienda urge a las comunidades a poner en marcha la línea de ayudas directas, tras firmar todos los convenios

No duda de que todas las comunidades autónomas otorgarán las ayudas “en base a la legalidad vigente”

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado a las comunidades autónomas a que pongan en marcha “cuanto antes” la línea de ayudas directas de 7.000 millones para empresas y autónomos afectados por el impacto de la crisis de la Covid-19.

“Les corresponde a ellas en el sistema de cogobernanza en el que nos hemos dotado, siendo una aspiración de las comunidades ser ellas las que hicieran llegar ese dinero al sector empresarial”, ha recordado la Montero en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros.

Montero ha defendido que el Gobierno ha firmado “en tiempo récord” los convenios correspondientes con todas las comunidades autónomas y ha explicado que actualmente se está trasladando la información que se requiere para determinar los sectores añadidos que incorporan las regiones a la primera lista que decretó el Gobierno según la caída de la actividad.

Todo ello, según Montero, a pesar de que la oposición decidió en el Congreso de los Diputados que esta norma se tramitara como proyecto de ley y a que algunas comunidades quisieran “hacer confrontación política” cuando ha habido un retraso de “solo un día” en la firma de los convenios por parte del Ministerio de Hacienda. “El Gobierno no va a entrar en la confrontación política”, ha remarcado.

La ministra ha explicado que estos 7.000 millones de ayudas directas son “recursos públicos en su totalidad”, por lo que se tienen que adscribir con criterios para que no exista discrecionalidad en el reparto. “El Gobierno no duda de que esto se hace siguiendo los procedimientos”, ha recalcado la ministra, en contraposición de lo que, según ella, la oposición acusa al Gobierno en el caso de la implementación de los fondos europeos.

“No voy a dudar de que todas las comunidades autónomas otorgarán las ayudas en base a la legalidad vigente y por tanto sin que haya discrecionalidad en el dinero que llega a las empresas”, ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que, no obstante, el procedimiento debe pasar por la justificación del destino que se le da a esos recursos por parte del sector privado. “Por tanto, es el marco de la ley de subvenciones”, ha indicado Montero, tras criticar que “algunos” han querido sacar este paquete de ayudas de dicha ley, es decir, entregar el dinero “sin ningún tipo de constatación de su destino”.

Otra cosa es, según ha matizado Montero, que cada comunidad simplifique los procedimientos de justificación o los de asignación en la convocatoria de la manera que estime oportuno, pero “siempre bajo el paraguas de la legalidad y vigilando el buen uso del dinero público”.

INFORMARÁN MENSUALMENTE A HACIENDA

Las CCAA deberán remitir cada lunes a la Agencia Tributaria las peticiones que les lleguen de empresas y autónomos para las ayudas directas y cada mes tendrán que enviar al Ministerio de Hacienda la información de las resoluciones aprobadas con la entrega de dichas ayudas.

Los convenios tendrán una duración de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. Además, se prevé la posibilidad de incluir adendas al texto principal de los convenios.

CANARIAS, ANDALUCÍA Y CATALUÑA, CASI EL 50% DE LAS AYUDAS

El reparto entre las comunidades autónomas de estos 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas deja a Canarias como la principal receptora de estas ayudas, con 1.144,3 millones de euros, seguida de cerca por Andalucía, con 1.109,2 millones, y Cataluña, con 993,2 millones, lo que supone que estas tres autonomías recibirán el 46,38% de estas ayudas, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa en el quinto lugar de este reparto y recibirá 679,28 millones, un 9,7% del total.

De este modo, Canarias, Andalucía y Cataluña son las principales receptoras, seguidas por Baleares (855,74 millones de euros); Comunidad de Madrid (679,29 millones); Comunidad Valenciana (647,081 millones); Galicia (234,47 millones); Castilla y León (233,56 millones); País Vasco (217,99 millones); Castilla-La Mancha (206,34 millones); Murcia (142.52 millones) Aragón (141,34 millones); Asturias (107,76 millones); Extremadura (106,46 millones); Navarra (67,62 millones); Cantabria (55,36 millones); La Rioja (32,51 millones); Ceuta (13,85 millones) y Melilla (12,271 millones).