Félix Solís, tranquilo ante el conflicto judicial en DO Valdepeñas, defiende que tiene los controles en regla

Carga contra García Carrión por erigirse como “adalid” de la transparencia cuando “está investigado” y se opone a auditoría externa

CIUDAD REAL, 6 (EUROPA PRESS)

La bodega Félix Solís ha mostrado su tranquilidad después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitiera a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas –Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro– han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que “no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella”.

En un comunicado, la firma, que asegura que tiene “todos” los controles en regla que garantizan que sus vinos cumplen con las reglas de la DO, indica que le sorprende que García Carrión se reivindique como denunciante y “adalid” de la transparencia cuando está investigado “y es el único actor de la DOP que se ha opuesto a la auditoría externa”

Recuerda que esta investigación tiene su inicio en una denuncia genérica de las asociaciones agrarias hacia todos los operadores de la DOP Valdepeñas. “No la inicia García Carrión, cuyo habitual proceder sumándose luego a dicha denuncia no ha evitado que acabe pasando de denunciante a imputado”, explica la bodega.

“Nuestra bodega lleva pidiendo una auditoría externa y completa de todos los vinos de la DOP desde 2019, la cual fue finalmente aprobada en septiembre de 2020 por todas las bodegas y agricultores, con el único voto en contra de García Carrión”, subraya.

Asimismo, señala que dicha auditoría se está llevando a cabo en estas fechas. “Por nuestra parte y en nuestra voluntad de aclarar estas discrepancias en las cifras de la DOP Valdepeñas, hemos actuado con total transparencia y puertas abiertas”, apunta, para concluir que la actual investigación será la que determine si los hechos son ciertos y a qué operadores afectan.